Javier Amoedo, Procurador del Común, acaba de presentar su informe anual en las Cortes de Castilla y León. El defensor del pueblo castellano leonés aprecia una mayor colaboración de las administraciones para con su labor, desde que se enfrentan a un posible delito de desobediencia, y cree que está en vías de solución el exceso de rigor con el que se aplican algunas normas relacionadas con la concesión y denegación de la renta garantizada de ciudadanía para las familias más necesitadas. Durante una reciente visita a Zamora, precisamente para asistir a la presentación de la memoria del Consejo Consultivo de 2015, Amoedo conversó sobre algunos datos del informa anual del último año de la institución que preside, con sede en León.

-De la presentación de su informe anual, el otro día, nos ha llamado la atención las poquitas quejas que recibe de provincias como Zamora. ¿Hemos perdido la fe en usted?

-No. Yo creo que se va siguiendo siempre el mismo número de quejas en cada una de las provincias. Este año se ha producido un cambio, que ha subido Palencia, pero por una razón muy concreta, por una queja única de un colegio. Normalmente la que presenta mayor número de quejas es la provincia de León, pero por una razón muy lógica, que la sede está allí, al ciudadano muchas veces como tiene la sede en la propia capital tiene más facilidad para acercarse y estar en la institución. Pero las demás provincias vienen siguiendo siempre el mismo orden: Zamora, Segovia o Ávila siempre suelen ser las menores.

-En Zamora se produjo un aumento también espectacular hace unos años por asuntos derivados de los recortes en sanidad.

-Efectivamente, entonces se produce un aumento tremendo de las quejas, pero a lo mejor por una sola causa. Y por la forma en que hacemos las estadísticas a veces figuran varias quejas individuales y otras esa misma queja, firmada por 200 personas figura como un único asunto.

-¿Los ayuntamientos se han puesto las pilas desde que se considera desobediencia no hacerle caso y se juegan verse en los tribunales?

-Podemos ir al articulo 502 del Código Penal y bueno, es un arma que nosotros tenemos, pero valoramos cada circunstancia. Si a mi un ayuntamiento me contesta a ocho o nueve quejas y hay una que no me informa yo no lo puedo considerar como una administración desobediente. Lo único que hago es incluirlo en la lista de administraciones no colaboradoras, pero no se me ocurre llevarlo a la fiscalía. Eso lo dejamos para casos de ayuntamientos que de modo general no nos proporcionan la información.

-¿De qué nos quejamos los castellano leoneses, qué es lo que más nos preocupa?

-Todas las quejas son importantes para cada cual, pero hay algunas especialmente relevantes, como son las relativas a vivienda, urbanismo, sanidad, dependencia, educación o medio ambiente, porque afectan más a una generalidad de ciudadanos, a un grupo importante de personas.

-¿Podría concretar algo más?

-Tenemos en medio ambiente por ejemplo el problema de los ruidos, de la contaminación acústica, en sanidad las listas de espera, la dependencia, hay quejas de la renta garantizada de ciudadanía. Son problemas que nos preocupan especialmente.

-¿En qué medida puede estar influyendo la crisis para que los ciudadanos se sientan peor tratados por la Administración?

-Lógicamente la crisis puede afectar pero muchas veces el problema no es ese, como ocurre con la renta garantizada de ciudadanía, con una práctica que puede ser muy rigurosa en orden a la concesión o la denegación de la renta, a las causas de extinción, yo entiendo que muchas veces es rigurosa la normativa, la mayor rapidez en la tramitación de los expedientes, todas esas circunstancias se unen para dar lugar a que el ciudadano, en general, se queje más.

-En el asunto de la renta garantizada de ciudadanía, ¿se refiere a que es demasiado riguroso con los requisitos?

-Efectivamente y nosotros hemos hecho muchas quejas precisamente por el rigor de interpretación muy literal que se hace de la normativa, como por ejemplo declarar extinguida la renta a un ciudadano que abandona la Comunidad tres días y como no lo comunica se le extingue la renta. Entonces claro nosotros pensamos que es injusto. Se da el hecho también con determinada frecuencia de que si se te extingue la renta no puedes volver a reclamarla hasta pasados seis meses, con lo cual dejas a una persona totalmente desamparada. Yo creo que está previsto un pacto para modificar la normativa, hacerla más asequible y está pendiente un acuerdo con los sindicatos donde se recogen muchas de las puntualizaciones que nosotros hicimos en su momento en nuestras resoluciones.

-¿Le ha llamado la atención alguna queja de Zamora por algún motivo especial?

-No recuerdo ninguna especialmente significativa, al menos así, de memoria.

-¿Tienen previstas actuaciones de oficio?

-Las que hacemos se refieren a cuestiones de tipo general. Hemos hecho actuaciones de oficio respecto al servicio de bomberos o cuestiones de sanidad.

-Con su recomendación sobre los bomberos voluntarios no parece que les hayan hecho mucho caso.

-Nosotros seguimos diciendo que no. Yo respecto mucho a los bomberos voluntarios porque en realidad realizan una labor tremenda, pero claro el bombero voluntario no tiene la consideración de autoridad como tiene el profesional, ni tiene la misma formación. El voluntario tiene que existir pero siempre bajo la dependencia del bombero profesional, el bombero que tiene su profesión. El voluntario tiene que ser un colaborador, que es lo que marca la normativa

-Hubo un tiempo en que se cuestionaron las instituciones propias, como la suya o el Consejo Consultivo de Zamora. No se si ha pasado la ola.

-Yo creo que ha pasado. Entiendo que las instituciones están bastante consolidadas. Siempre hay opiniones, que dicen que estos señores no realizan una gestión eficaz y habría que prescindir de ellos, pero ahora yo pienso que son más conocidas, tienen más intervención y como se ve que efectivamente su actuación es efectiva la gente confía ya en nosotros. En la mía por ejemplo cada vez aumenta el número de quejas. Y destacaría las felicitaciones que recibimos, que eso sí que no sale en la prensa, las que yo recibo personalmente por el trabajo efectuado.

-¿Cuando recomienda al ciudadano que acuda al Procurador del Común?

-Cuando alguien crea que han sido vulnerados sus derechos por una actuación de la administración. Además ellos saben que el Procurador del Común es una institución totalmente abierta al ciudadano allí recibimos a cualquier persona que se acerque a nosotros y le atendemos con las consultas o entrevistas que realizamos. Deben saber que tienen una institución abierta y cuando ellos vean que hay una actuación de la administración que pueda vulnerar alguno de sus derechos que no duden en acudir al Procurador porque aquí les vamos a recibir y vamos a defenderle si efectivamente esta vulneración se ha producido. Defender sus derechos es nuestra función fundamental, claro.

-Y no hace falta desplazarse a León, porque también vienen aquí, a Zamora.

-Aquí también claro, vamos a todas las capitales de provincia y a localidades como Benavente a recibir y atender a la gente.