Las arcas de la Diputación Provincial dejan de ingresar al año alrededor de ocho millones de euros debido a impagos de tasas e impuestos por parte de los vecinos de los pueblos. Alrededor de 6,5 millones se deben a la morosidad de los contribuyentes, mientras que en torno al millón y medio se queda por el camino a causa de bajas y suspensiones, la mayoría, motivadas por fallecimientos.

La morosidad en la institución provincial mantiene una tendencia similar en los últimos años a pesar de la crisis. Durante el ejercicio pasado, los ingresos en concepto de tributos previstos en los presupuestos ascendía a 38 millones de euros de los que la institución ingresó 30,5 millones. En 2013 los datos fueron muy similares, con 39 millones previstos para recaudar y unos ingresos reales de 30,5.

En todos los casos, el pago voluntario acapara más del 90% de los pagos, mientras que uno de cada diez se cobra a través de la vía ejecutiva. El volumen de recibos y liquidaciones emitidos y gestionados en periodo voluntario ronda los 30 millones en los últimos tres ejercicios. El alrededor de millón y medio que se queda en el aire debido a las suspensiones exige también una actualización de los padrones para dar de baja a los titulares fallecidos.

El servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial gestiona el IBI y el IAE de 239 ayuntamientos de la provincia así como el impuesto de vehículos, la tasa de basuras, el abastecimiento de agua y otras tasas como alcantarillado, ocupación de vía pública o tránsito de ganados de 180 municipios, dos mancomunidades y tres entidades locales menores. Los cobros se gestionan a través de un sistema centralizado de ventanilla única en las oficinas de recaudación de Zamora y Benavente o, en su defecto, mediante domiciliación bancaria. La Diputación Provincial percibe un porcentaje de entre el 4% y 5% de lo recaudado en cada localidad a cambio de encargarse de la gestión tributaria y recaudación. Una cifra que depende del tipo de tributos delegados en cada caso, ya que hay ayuntamientos que solo han traspasado el cobro de determinados impuestos como agua, basuras, IBI o vehículos.