Fomento consigue a 13 familias zamoranas desahuciadas una vivienda de último recurso

La Consejería reserva un centenar de casas en ciudades y el medio rural para situación de emergencia social que resuelve en un par de semanas

14.09.2015 | 09:04

Trece familias zamoranas que habían sido desahuciadas en lo que va de año en Zamora, han conseguido gracias a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente quedarse en la calle gracias al alquiler de viviendas de último recurso. Durante este año 2015, y según los datos recogidos por la agencia Ical, Zamora se ha situado a la cabeza de las provincias de la región de familias que han tenido que recurrir a esta opción de emergencia. En comparación con otros años, la situación de necesidad de las familias desahuciadas en Zamora se ha disparado ya que durante los años 2013 y 2014 tan solo dos familias accedieron a una vivienda de último recurso.

El departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones dispone de un parque formado por un centenar de viviendas protegidas que adjudica en alquiler a través de una actuación singular que firma el consejero del área. Este trámite se ha acortado para que sea resuelto en diez o 15 días, puesto que requiere un informe social que encargan los servicios territoriales de Fomento a los centros de acción social y una propuesta que elabora la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo. En el conjunto de Castilla y León, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha garantizado un techo donde cobijarse a más de 100 personas y familias en situación de emergencia social por haber perdido su casa en un proceso de desahucio, de hecho los juzgados de Castilla y León inician cada día unos seis procedimientos de este tipo, o por ser un colectivo vulnerable, como las víctimas de violencia de género o los moradores de infraviviendas. Se trata de una medida de último recurso que trata de evitar que caigan en la exclusión social.

Este tipo de prestación encaja en el nuevo programa de Vivienda Social que Fomento prevé desplegar de forma inminente y que se traducirá entre otras medidas en la constitución de un parque público de vivienda en alquiler, que se convertirá en un servicio público de interés general para la población sin vivienda y con pocos recursos. No solo incluirá viviendas propias de la Junta, también las que cedan entidades financieras, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) o los ayuntamientos.

De esta forma, Fomento refuerza un modelo de gestión de la política de vivienda que se puso en marcha en 2012, cuando se paralizaron de forma cautelar todos los procesos de desahucio administrativo en curso. También, el Ejecutivo apostó por utilizar las viviendas desocupadas de la Junta de Castilla y León, con el objetivo de atender las necesidades de los colectivos más golpeados por la crisis y por el alquiler como la fórmula que se debía promover para facilitar el acceso a una casa.

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