"El decreto" que levanta la suspensión cautelar por ruidos de la actividad del bar situado en el número 1 de la avenida de Príncipe de Asturias "se ajusta a la legalidad", declara el concejal de Obras del PP en el Ayuntamiento de Zamora, Manuel Hernández Calvo, para quien la falta de denunciar desde que abrió el sábado ratifica que está insonorizado. Y sostiene, para descartar los posibles delitos de "abuso de autoridad" y de "prevaricación que le imputan vecinos del inmueble y que investiga la Fiscalía, que envió a la propietaria de un primer piso del edificio un correo electrónico para remitirle el listado de empresas autorizadas a realizar la medición de ruidos por la Junta de Castilla y León. Le decía, sin ningún ánimo de presionar, sino de informar, "¡ojo!, tienen que ser de la última columna" porque son las que pueden realizar esos trabajos.
Nuevas mediciones
En su decreto, aclara Hernández Calvo, se deja "abierta la posibilidad de que cuando la vecina quiera, se efectúe la medición del nivel de ruidos dentro de su vivienda", mientras asegura que "el Ayuntamiento no tiene por qué comprobar" si los niveles de ruido afectan a los pisos. "La obligación es del propietario" del establecimiento, "que presentó" el informe de la empresa acreditada por la Junta que contrató para comprobar la insonorización del local. Las mediciones se llevaron a cabo "en el interior del local, en la calle y donde se ha podido", añade el edil de Obras, e insiste en que no se pudo en el interior de las viviendas más próximas "porque una vecina no se puso de acuerdo" con los dueños del local, que "pidieron amparo al Ayuntamiento", lo que da origen a la intervención de Obras para intentar efectuarlas, explica Hernández Calvo. Los titulares del bar "intentaron en dos ocasiones entrar en ese piso y levantaron un acta notarial de que no se lo permitieron".
Es entonces, cuando la institución local contacta con los vecinos, "se notifica que se irá a medir y dicen que no pueden y que se les avise con un margen de 72 horas del 1 al 5 de diciembre. Se les cita para el día dos" y cuando acude la Policía Municipal y la empresa contratada por el Ayuntamiento, se les dice que no puede hacerse ese día.
El obstrucionismo al que alude el decreto del concejal de Obras se fundamenta en esa actitud de los vecinos, que vendría a retrasar las pruebas sobre el nivel de ruido y, por tanto, si las obras de insonorización están bien hechas. La Ley de Castilla y León sobre "establece dónde hay que medir y esta licencia se ajusta" a la norma, reitera el edil.
La denuncia por ruidos está en el origen del cierre del establecimiento hostelero, además de por realizar "obras sin licencia y sin seguir las recomendaciones de los técnicos" municipales. La adecuación del local para ajustarlo a la legalidad, tras la suspensión en abril del año 2012 por los ruidos denunciados, se inició a primeros de 2014, pero los propietarios abrieron en abril con la suspensión cautelar de la actividad hostelera, lo que provocó el precinto, que el Ayuntamiento solo levantó para que dieran comienzo las reformas para la insonorización del establecimiento.
