«El mantenimiento de los caminos rurales me lo vais a dar con un lacito», ironizó el presidente de la Diputación, Fernando Martínez Maíllo cuando trató de las bondades de la ley de reforma local del Gobierno ante los 182 representantes municipales de la provincia reunidos en el Consejo de Alcaldes. Fue durante la escueta referencia a la Ley Montoro que a juicio de Maíllo no quita ningún alcalde ni ayuntamiento y elimina las competencias impropias con lo cual no serán los ayuntamientos los que tengan que pagar el gasoil de la calefacción de los colegios. Y la Diputación solo prestará servicios municipales si lo hace mejor y más barato que los ayuntamientos y sólo para el municipio que quiera, en tareas como recaudación de tributos (que ya se está haciendo), gestión de residuos, abastecimiento y saneamiento o mantenimiento de los caminos rurales, una de las peticiones más frecuentes que los ediles realizan a la institución provincial, que se haga cargo de tenerlos a punto, tarea difícil con solo los medios municipales. No obstante el Consejo de Alcaldes, señaló su presidenta, Manuela Crespo, convocará una reunión específica para tratar sobre la reforma local, que ayer no estaba en el orden del día, con la subdelegada del Gobierno, el presidente de la Diputación y técnicos una vez esté aprobado el texto definitivo, que ayer pasaba por el Congreso, o sea hacia principios de año.

Uno de los aspectos más importantes del orden del día fue sin duda el Plan Provincial de Obras, que se acomete con fondos propios de la Diputación, desde que hace un par de años desaparecieran las ayudas del Gobierno y la Junta. El plan tendrá carácter bianual, para 2014 y 2015, con el fin de que las obras estén terminadas en mayo de ese año, antes de las elecciones municipales. Hay 4,5 millones para cada año, de tal forma que globalmente los pueblos recibirán aproximadamente en doble de dinero del año pasado, en torno a 18.000 euros por ayuntamiento, 4.400 por anejo y 33 euros por vecino, dijo el diputado de Obras, Manuel Vega. Como este pasado año, las obras básicas (como abastecimiento, saneamiento o alumbrado) se financiarán al 100%, caminos rurales, casas consistoriales y centros municipales requieren una aportación municipal del 10% y el resto de obras tienen una financiación provincial menor.

En principio las obras (gestionadas directamente por los ayuntamientos) que primero se van a financiar son las mayores, porque tienen plazos más dilatados de ejecución, hasta que se llegue a la cantidad de 4,5 millones. El resto se dejan para 2015. No obstante se permite al ayuntamiento que quiera ejecutar la obra en 2014 y cobrarla en 2015, sabiendo que el dinero le va a llegar en enero de ese año. La alcaldesa socialista de Villalazán, Maribel Perero, pidió que se hiciera al revés y se priorizara para 2014 las obras en los pueblos pequeños, con menor capacidad de gestión, en tanto que el también diputado, pero de Adeiza y alcalde de Cubillos, Antonio Juanes dudó que ningún ayuntamiento tenga liquidez suficiente como para adelantar el dinero de la obra un año y cobrar al siguiente. «Las obras las vais a ejecutar vosotros. Las podéis hacer en 2014 y la pagamos en enero de 2015, vaya drama», enfatizó Maíllo.

El alcalde de Bermillo de Sayago, Raúl Rodríguez, se mostró conforme con el planteamiento bianual, lo mismo que el socialista de Morales de Toro, Luis Segovia (vicepresidente del Consejo de Alcaldes) porque con dos anualidades juntas se pueden ejecutar proyectos más grandes, en lugar de dejar los problemas resueltos a medias. Estimó necesario poder agilizar las obras ya que hay proyectos «necesarios que han de ejecutarse ya». El alcalde de Benavente preguntó por el tratamiento de su ciudad, así como la de Toro y Morales del Vino, que no entran en el reparto general, sino que se reparten un fondo de 530.000 euros.

El responsable de obras, Manuel Vega, indicó que se va a tratar de llegar a un consenso de los grupos políticos para los criterios de ejecución y se reunirá también a los secretarios.

Otro de los asuntos importantes a debate en el Consejo de Alcaldes fue el del Plan de Empleo para 2014, que tendrá una dotación un 50% superior a la de 2013, hasta alcanzar el millón y medio de euros. El diputado del área, José María Barrios explicó que la idea para el próximo año es tramitar todo con una mayor agilidad (para lo cual pidió que se enviase la documentación municipal con celeridad) con el fin de que las contrataciones se puedan llevar a cabo a partir de primavera-verano, que es cuando los ayuntamientos necesitan a los trabajadores y no como este año en que se ha retrasado y se ha cogido a la gente en octubre. Dijo también que se han admitido las sugerencias y parte del dinero se destinará a los materiales de las obras, si bien en este sentido intervino el alcalde de Trabazos, Javier Faúndez, solicitando que el Ayuntamiento pueda pedir el dinero íntegramente para el pago de trabajadores, sin destinar una parte a materiales. La alcaldesa de Villalazán, Maribel Perero, pidió que el plazo para justificar la subvención se prolongara también a fechas más tardías con el fin de poder contratar a gente para las podas. Barrios constató por otra parte, el buen resultado del Plan de Empleo, al que se han acogido 247 municipios, el 99% de los de la provincia, con tan solo dos renuncias. Se ha ejecutado más de 490.000 euros.