La propuesta de reforma del sistema de pensiones que ha hecho la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, dejaría, de aplicarse el baremo más bajo, las pagas de los pensionistas de Zamora prácticamente congeladas. El Gobierno propone establecer un suelo mínimo de revalorización anual de aproximadamente el 0,25%, con lo que, como señaló la ministra Báñez, las pensiones nunca bajarían nominalmente y tampoco se verían congeladas. Sin embargo, queda claro que si el alza anual del IPC es superior a ese 0,25% -suele ser así-, los más de 51.000 pensionistas que hay a día de hoy viviendo en la provincia perderían poder adquisitivo. La pensión media en la provincia se sitúa según la última estadística del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 717,22 euros, lo que se traduciría en una subida mínima de menos de dos euros al mes, es decir, 28 euros anuales repartidos entre catorce pagas. Los más de 31.000 jubilados que cobran pensión mejorarían en algo la situación de la media pues su paga, de 797,13 euros al mes como media, se incrementaría porcentualmente en mayor cantidad.
En el último año, por ejemplo, el IPC habla de una subida de precios del 2,2% en Zamora lo que haría que los pensionistas perdieran, de aplicarse el suelo mínimo de revalorización, un 1,95% de poder adquisitivo. El techo de subida sería la suma del IPC más ese 0,25% establecido como factor de revalorización anual.
Por su parte los sindicatos están convencidos de que esta reforma traerá «menos poder adquisitivo» a los jubilados de la provincia. Manual Prieto, secretario general de Comisiones Obreras en Zamora, argumenta que «quedan muy en el aire» los requisitos que han de darse para que la actualización de pagas sea superior a ese 0,25%. «Las condiciones no van a darse nunca o va a ser muy difícil», apunta el secretario de CC OO, que afirma que «este año ya se han revalorizado por debajo del IPC cuando la ley decía que tenía que ser así». Hay que recordar que fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que en 2011 abrió la puerta a este factor de sostenibilidad aunque quedó sin concretarse cual sería, algo que ahora ha hecho el Ejecutivo central.
Los sindicatos también estiman que, «si las pensiones aumentan solamente en ese 0,25%, algo que nos ha comunicado el Gobierno y que ahora hay que negociar en el marco del Pacto de Toledo, los comercios y otros negocios de la provincia no van a tener otra salida que seguir cerrando sus puertas». En una provincia tan envejecida como Zamora «los jubilados son una parte importante del total de consumidores» y ahora, según Prieto, «van a perder poder adquisitivo». Los trabajadores «en los últimos tres años hemos perdido casi un 4% como media», argumenta el secretario provincial del sindicato, «y ahora vienen los pensionistas, lo que afectará al consumo».
El factor de revalorización es solo una de las novedades que, tras la negociación, seguramente incluirá la nueva norma. La otra gran pata de la reforma es el factor de sostenibilidad. Será un mecanismo que ajuste distintos parámetros como la edad del retiro o los años cotizados y que se vinculará a la evolución de la esperanza de vida de los ciudadanos. Prieto asegura que las intenciones del Gobierno es que este punto entre en vigor en «2019» mientras que el factor de revalorización se incluiría «ya en 2014».
El factor de sostenibilidad
Es una de las claves de la nueva reforma. Ajustará variables como la edad de jubilación y los años cotizados para vincularlos a la esperanza de vida. Este sistema se aplicará una vez a cada pensionista y ya se lleva a cabo en países como Austria, Alemania o Dinamarca. Solo afectará a pensionistas futuros, pues los actuales ya tienen calculada su paga. Entraría en vigor, como muy tarde, en 2019 aunque el comité de expertos ha recomendado que se haga lo antes posible. Primero tiene que negociarse en el marco del Pacto de Toledo con los sindicatos y la patronal. Los sindicatos zamoranos aventuran que esta será una negociación «muy difícil».
Factor de revalorización
El otro gran pilar de la reforma, pero el que antes se aplicará y el que afectará tanto a pensionistas futuros como actuales. El Gobierno ha fijado un suelo de revalorización que asciende al 0,25% de la paga y un techo que sería el IPC más ese 0,25. De esta manera las pensiones nunca se verían congeladas y nunca disminuirían, pero el poder adquisitivo se resentirá si el IPC sube por encima de esa cifra, algo que casi siempre pasa. Afectará a todos los pensionistas por igual y en este caso el Gobierno se ha ceñido a las recomendaciones del comité de expertos que ha estudiado el tema para aplicarlo lo antes posible, seguramente el año que viene.
