Concentraciones, paros y huelgas. Con esa sucesión de movilizaciones los jueces y magistrados de Zamora prevén presionar al Gobierno central para que paralice la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afecta directamente al desarrollo de su trabajo y que ha causado «desagrado y descontento» entre este colectivo zamorano, indicó la decana en rueda de prensa, Ana Descalzo Pino.
Una reforma que contribuirá a incrementar el número de asuntos a resolver y vendrá a aumentar considerablemente el atasco ya existente, en crecimiento desde que se inició la crisis, y que les impide actualmente señalar juicios dentro de este mismo año en algunos casos; y en los más acuciantes, como en lo Penal o Contencioso, antes de mayo o junio de 2013, dado el volumen de casos que tienen que tramitar y sentenciar.
Para empezar, los 16 jueces y magistrados -responsables de los once juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la provincia, de los dos de lo Social, uno Contencioso, uno de lo Penal y el de Menores- se plantean reducir a cuatro horas diarias, tal y como establece la Ley, «el tiempo de audiencia», al objeto de asumir la cantidad de trabajo que permita «la agilidad, rapidez y garantías» requeridas por una justicia de calidad y que resuelva en tiempo adecuado los problemas del ciudadano. Esta medida supondría suspender aquellos juicios que no puedan celebrarse dentro de esas cuatro horas, una situación que se repite con más frecuencia de la deseada.
Descalzo Pino recordó que en su profesión «se ponen sentencias que precisan sosiego, de un tiempo de estudio y reflexión sobre los asuntos» que llegan a sus manos. Y no olvidó incidir en las horas que «restan de nuestro tiempo personal, de nuestra vida privada», para resolver en sus casas «por las tardes» numerosos asuntos, «nos vamos del juzgado con nuestros maletines llenos» para dictar resoluciones.
La representante de magistrados y jueces, que se concentrarán en quince días si el ministro de Justicia no accede a negociar, según el acuerdo alcanzado a nivel nacional, lamentó el «total desconocimiento de los órganos judiciales, de nuestro trabajo y de nuestras jornadas maratonianas de 178 horas semanales» que está detrás de la pretensión del Ejecutivo del PP.
La decana no dudó en arremeter contra una reforma que interpretan como «un ataque frontal a la independencia judicial». Denunció la «descoordinación en el Ministerio, la congelación de plazas de fiscales y jueces y el control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial» que se pretende con esas medidas y «que rechazamos».
