Las Cortes acaban de confiar de nuevo en Mario Amilivia para seguir al frente del Consejo Consultivo, algo más que un trámite, según se ha visto con el presidente del Consejo de Cuentas, que no repite. Amilivia afirma sentirse a gusto en Zamora, y responde a las críticas que recibe tanto el papel de la institución como su nueva sede sobre todo, razona, porque ambas son beneficiosas para la ciudad.

-Lleva desde 2007 en Zamora, y ahora, de nuevo ratificado.

-Agradezco muchísimo la confianza del Grupo Popular, y a todas las Cortes por la propuesta de Fernando Rey, Ángel Velasco, y un servidor. Es importante que haya consenso para ejercer la actividad con independencia, objetividad y con lealtad.

-Habla del inicio de una nueva etapa en el Consultivo. ¿Qué derroteros debe seguir

-La etapa anterior tuvo dos ciclos diferenciados. El de puesta en marcha de la institución, bajo la presidencia de María José Salgueiro, y de consolidación de la «autoritas» es decir, el prestigio de las decisiones, de los dictámenes del Consejo Consultivo. Y una segunda etapa en la que hemos aumentado muchísimo el número de dictámenes, hasta el punto de que en estos últimos cuatro años se han emitido casi el 70% del total de dictámenes, desde el año 2007. Y se ha consolidado una institución eficiente, necesaria, que despacha los dictámenes en tiempo y supera atrasos históricos. Los 1.633 dictámenes que se aprobaron en el año 2011 fueron despachados, firmados y remitidos por el conducto legal reglamentario a la administración consultante antes de que concluyera el año. Yo creo que es un dato de una actuación cualificada.

-Pero no siempre les hacen caso, como dijo en su discurso.

-Las exigencias formales desde un punto de vista jurídico a veces no se han respetado, pero es inevitable porque hoy por hoy aceptamos que el interés general es la atención a la crisis y no el cumplimiento de requisitos de carácter formal que nosotros en todo caso tenemos que poner de manifiesto.

-Los expedientes de responsabilidad patrimonial son los que más directamente afectan a los ciudadanos. A partir de ahora no van a tratar reclamaciones de menos de mil euros. ¿Es lógico?

-En los casos de la fauna, por ejemplo los daños en la sierra de la Culebra no los vamos tratar ya, ¿no?, pero ante todo porque hay una doctrina jurídica consolidada. Cuando hay una doctrina jurídica consolidada, en accidentes por ejemplo en materia escolar, no tiene sentido que el Consultivo reitere dictámenes que siempre dicen lo mismo. Desde el punto de vista económico, los más importantes son dictámenes de responsabilidad patrimonial sanitarios, hasta el punto de que de los 53,6 millones de euros de cantidades de responsabilidad patrimonial, 32 son sanitarios. Desde el punto de vista de la indemnización solicitada son los más importantes, y también, por qué no decirlo, cualitativamente, desde el punto de vista de la sensibilidad social. Hablamos de un estándar mínimo de calidad exigible a las administraciones en la prestación de un servicio público básico. En una actividad que es de medios, porque nadie puede garantizar la salud en términos absolutos.

-¿Es fácil dar la razón al paciente en un sector como el sanitario, tradicionalmente bastante corporativista?

-Lo que está claro es que la determinación de la responsabilidad surge cuando se ha incumplido la «lex artis». Y por lo tanto yo creo que la administración sanitaria es estrictamente escrupulosa en analizar si la actuación médica se ha ajustado a los parámetros de calidad y de prestaciones que están en estos momentos en el ámbito de la sanidad pública, actúa con criterios objetivos. Otra cosa es que debamos avanzar para que estos parámetros sean más homogéneos en todas las comunidades. La administración nos facilita el informe de la inspección médica y el de los servicios médicos competentes en ese caso concreto. Y luego esos dictámenes tienen la posibilidad de pasar por el concurso de expertos, que creo que sólo tiene nuestro Consejo Consultivo.

-¿Qué es el concurso de expertos?

- Supongamos que la inspección dice que la actuación médica fue correcta, pero el informe pericial de parte dice que no. En ese supuesto es muy complicado determinar si la «lex artis» se cumplió. Nosotros tenemos un convenio de colaboración con las universidades de Salamanca y Valladolid, con distintas especialidades médicas, y se les remite el expediente completo para que determinen si fue o no correcta la actuación del médico. Supone contar con la opinión de una instancia totalmente ajena a las partes y además dotada de todo el prestigio.

-Los daños de la fauna son otro gran saco de reclamaciones ciudadanas, sobre todo en provincias como Zamora o Soria. ¿Hemos dado con la tecla de quién debe pagar los daños?

-Hay una normativa jurídica aplicable, que es la establecida en el carnet de conducir por puntos, donde establece una serie de atribuciones de responsabilidad. Y nosotros lo que tenemos que ir es a la aplicación de la ley. Podemos plantear, y lo hicimos un año, a la comunidad autónoma una modificación del sistema legal de cara a pedir una responsabilidad objetiva. Pero bueno, esa moción no fue atendida, posiblemente porque requeriría unos fondos económicos muy importantes y tenemos que actuar de acuerdo con la legislación aplicable.

León (1957)

Consejero electivo y Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León y el nuevo Tribunal de Recursos Contractuales de la Comunidad. Está casado y tiene dos hijas. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, realizó cursos de Doctorado en Derecho Público Básico. Durante cinco cursos fue Profesor Asociado de Derecho Constitucional en la Universidad de León y desde 1995 es colaborador honorífico de dicho Departamento.

Ha sido secretario general de la Asociación de Empresas de Minas de Antracita y vicepresidente de Caja España. Por la Provincia de León ha sido Diputado Nacional en la III Legislatura, Senador en la VII y VIII, y Procurador de las Cortes de Castilla y León en la III y IV Legislaturas; también fue Secretario Primero de la Mesa de las Cortes regionales.

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