El informe elaborado por el mediador pactado entre la Diputación y la junta de personal ha sido desfavorable a la aplicación de la última parte del acuerdo de 2008, que establecía una última subida salarial para los funcionarios que impedía la Ley de Presupuestos del Estado en 2011. Sin embargo, el documento no es el punto final a la disputa entre los responsables de la institución provincial y los funcionarios, sino el principio de una nueva negociación para encontrar «una nueva vía» que permita completar la tercera pata del pacto económico.

El dictamen jurídico determina que hay dos trabas insalvables para que el incremento en las nóminas que resta por aplicar se pueda ver reflejado este año. De un lado, la prohibición expresa de la propia ley del Gobierno, sobre lo que el informe afirma que «devendrán inaplicables aquellas cláusulas del antedicho acuerdo que en el referido ejercicio 2011 estableciesen cualquier tipo de acrecentamiento retributivo». Es decir, que le acuerdo entre la Diputación y sus trabajadores no se puede aplicar en los términos en los que se firmó.

La segunda conclusión del documento aporta un pequeño matiz, que puede ser importante para resolver el problema actual: precisa que «sólo se podrán aplicar subidas para aquellas adecuaciones retributivas con carácter singular y excepcional fijadas por la ley».

En principio, el dictamen arbitral da la razón a la institución que dirige Fernando Martínez Maíllo y con esta negativa las reivindicaciones podrían acabar aquí. Sin embargo, ese resquicio que deja la opinión del mediador jurídico ha llevado a ambas partes a continuar negociando hasta encontrar una solución que satisfaga a las dos partes. «El informe es contrario, pero podemos seguir negociando y eso nos parece estupendo», admite Jesús Sandín, responsable de la junta de personal.

Por su parte, el diputado de Personal, José María Barrios, concluye tras conocer la opinión jurídica que «ambas partes nos hemos comprometido a intensificar estas nuevas vías abiertas, teniendo muy en cuenta que se trata de un acuerdo que no está anulado, sino sólo suspendido mientras el Gobierno central no levante la prohibición de la subida salarial a los funcionarios».