Con buen sabor de boca, así han salido el medio centenar de afectados por el decreto del Gobierno que reduce los beneficios de las placas solares de la reunión mantenida ayer para mirar de frente a las consecuencias que acarrea para sus negocios.
Una de las primeras medidas que han tomado los reunidos en la sede de la Cámara de Comercio de la capital ha sido la de plantear una unión para luchar juntos «por nuestros derechos». Una decisión aplaudida por muchos de los asistentes, que ven con buenos ojos una plataforma de consenso, «de aquí a unos días tendremos buenas noticias», adelantaban los afectados después del encuentro, a puerta cerrada.
La regulación, que elimina el periodo de 15 años para el cobro de las primas, ha sido la que ha motivado la reunión de ayer, para «ver cómo hacemos algo por mejorar la situación, aunque está muy difícil», se expresaba el organizador del encuentro, el empresario zamorano Maxi San Gregorio, que calificó la cita como «una manera de escucharnos unos a otros y exponer nuestra situación, nada más», sentenció.
Los asistentes, algunos llegados de ciudades cercanas como Valladolid, acudieron a la cita «a ver qué pasa, porque la nueva ley nos han dejado en una situación lamentable en la que hasta vamos a tener que pedir créditos para sacar adelante lo que nos estaba garantizado», explica uno de los inversores, dueño de una planta fotovoltaica de 100 kilovatios.
Esta es la primera de las reuniones que mantienen, de forma privada, los afectados por la regulación gubernamental, aunque no será la última, «necesitamos clarificar un poco la situación e intentar, entre todos, que la pérdida sea la menos posible», comentaban.
El malestar por la situación en la que la nueva normativa deja a los empresarios es latente en el sector, «es como si haces unas oposiciones para toda la vida y luego te dicen que el trabajo es para seis meses», reclamaban los damnificados, que buscan ahora una manera de evitar o mitigar el desenlace que ha marcado el Gobierno a golpe de ley.
