El diputado de Personal y vicepresidente de la institución provincial, José María Barrios, ha recordado a los funcionarios en una carta que la tercera de las subidas salariales pactadas en 2008 está «en suspenso» y «no anulada» con motivo de la prohibición que establecen los Presupuestos Generales de 2011, en los que el Gobierno deja sin efecto cualquier tipo de incremento a los trabajadores públicos. Los afectados, que han comenzado a recibir dichas cartas desde que el diputado las remitiera el cuatro de enero, han tomado la decisión de recogerlas sin abrirlas para entregárselas a Barrios la próxima semana, al entender que «es más de lo mismo, una mentira».

De cualquier modo, José María Barrios cree que las acusaciones de falta de voluntad política vertidas por la junta de personal hacia él y el presidente Fernando Martínez Maíllo son «injustas» e «injustificadas» y recuerda que los acuerdos salariales «se han venido aplicando escrupulosamente hasta el año 2010». De ahí que el documento enviado refleje el desarrollo del convenio, que se resume en tres subidas salariales, de las que se han cumplido dos y aún queda una tercera.

Así, Barrios recuerda que el llamado acuerdo «para la modernización y mejora de la administración pública provincial» consistía en el establecimiento de un complemento de productividad de entre 1.898 y 5.032 euros para cada trabajador en función de su grupo profesional. El diputado de Personal alude al decreto del Gobierno central -el mismo que establece la reducción nacional del 5%- para advertir que uno de sus párrafos «daba cobertura legal a los acuerdos alcanzados en 2008». Es decir, que el recorte respetaba incrementos acordados en el seno particular de otras administraciones.

Sin embargo, José María Barrios se refiere a continuación a la Ley de Presupuestos, cuyo artículo 22 establece que «en el año 2011, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010».

Tras enumerar un par de aspectos más del texto legal, el vicepresidente provincial concluye que «el acuerdo -de 2008- no queda anulado en ningún caso, sino que , por imposición de la Ley de Presupuestos, se deja en suspenso hasta que el Gobierno central levante la prohibición», para añadir que esta situación puede darse «a lo largo de 2011, 2012 o cualquier otra fecha».

«Nuestro compromiso es que, en el momento en que desaparezca la prohibición, aplicaremos la parte de los acuerdos correspondientes a 2011 de manera inmediata», asume la Diputación, desde donde recuerdan que «este compromiso ya se ha comunicado reiteradamente a la mesa general de negociación». Lejos de atenuar el enfado de los funcionarios, la junta de personal ha comunicado que devolverán los documentos. «Tenemos ya varias docenas de esas cartas sin abrir y nuestra intención es entregárselas a José María Barrios la próxima semana», explica Javier Sandín. El representante de los diferentes sindicatos apunta que «lo que se dicen en la carta es mentira y no aporta nada nuevo». Sandín añade que «seguimos sosteniendo que no hay ningún problema para aplicar los acuerdos».