Jesús Sandín (Santibáñez de Tera, 1954) es jefe de archivo en la Diputación, donde comenzó como ordenanza hace 27 años. No oculta su ideología -tuvo un sitio en la lista de Rosa Valdeón al Ayuntamiento-, pero ahora no ejerce como político, sino como presidente de la junta de personal. Atribuye a Martínez Maíllo y sus decisiones el «mérito» de haber conseguido «unir a los funcionarios». Exigen el cumplimiento de la tercera y última parte del acuerdo de 2008 entre los funcionarios y la Diputación para subir los salarios, algo que el presidente de la institución no hará ante la prohibición de incrementos en 2011.

-Siempre han defendido que sus salarios estaban en 2008 más de un 20% por debajo del resto de funcionarios, incluidos los del Ayuntamiento de Zamora.

-Así es, y todavía hoy siguen estando por debajo. Y es curioso que el presidente Maíllo ha votado en el Ayuntamiento unos acuerdos mucho más favorables a los funcionarios municipales que los de la Diputación en cuanto a la reducción del 5%. A nosotros nos han aplicado los máximos, cuando el Gobierno daba cierto margen. Históricamente, los responsables políticos de la Diputación siempre han sido reacios a mejorar los salarios de los trabajadores públicos y aún no sabemos por qué.

-¿Cuál es la primera noticia que tienen de la suspensión de la tercera parte del acuerdo?

-Fue en julio, al hilo del decreto de Zapatero sobre la reducción del 5% de los salarios. Tenemos una mesa de negociación y dicen que se suspenden los acuerdos. Respondemos que si no quitan ese punto, no seguimos negociando y el señor Barrios dice que no hay ningún problema, pero a los pocos días sacan el decreto definitivo que anula las últimas subidas.

-¿Cuándo tienen la confirmación oficial de que no se va a realizar la subida que resta?

-En octubre, cuando el diputado Barrios nos dice que se van a respetar los acuerdos firmados con los trabajadores, pero que la ley marca que no se podrán efectuar subidas en 2011. Entonces, nos quedamos de piedra y nos sentimos engañados, porque entendemos que han dejado pasar el tiempo intencionadamente hasta que se ha acabado el año.

-Pónganos algún ejemplo de retribuciones en la institución provincial.

-Un operario con 35 años de servicio cobra 1.100 euros y un funcionario del grupo «C» con 32 años de trabajo percibe unos 1.400.

-Ustedes han defendido que había una fórmula legal para llegar a las retribuciones pactadas hace dos años, ¿cuál es ese sistema?

-Cuando nos propusieron en octubre encontrar esa fórmula, la hallamos en quince días. Si el 31 de diciembre no se podían modificar las nóminas y ésa es la fecha de referencia, la solución es cambiar la relación de puestos de trabajo antes de acabar 2010. Lo importante era consignar esa obligación, no cuándo fuéramos a cobrar ese incremento.

-¿Qué hay de los informes que se encargaron a los técnicos?

-Los informes sobre nuestra propuesta eran favorables, pero no les interesaban hasta que apareció uno en contra y se agarraron a él. Les exigimos que pidieran un nuevo estudio al servicio de intervención, y la interventora concluye que lo que planteamos nosotros es posible.

-¿Y qué van a hacer?

-Vamos a recurrir la decisión de la Diputación para que la legalidad o no de lo que defendemos la decidirá un juez.

-Es decir, que creen que los responsables políticos han utilizado el decreto de Zapatero para ahorrarse dinero?

-Así es, porque nosotros le hemos ahorrado ya a la Diputación un millón y medio de euros, que tendrían que habernos pagado si hubiéramos decidido que la subida de sueldos se aplicara completa desde el día que se acordó en 2008.

-¿Cuál es la fuerza de los funcionarios en la institución?

-Actualmente, tenemos las firmas de más de 400 trabajadores apoyando cualquier decisión que tomemos para reivindicar el cumplimiento del convenio. No obstante, el próximo día once hemos convocado una asamblea para definir las medidas que vamos a adoptar.

-¿Cree que la reivindicación de los funcionarios preocupa al presidente Maíllo?

-Debería preocuparle, porque un conflicto a las puertas de las elecciones no le va a beneficiar. Siempre se ha dicho que muchos de los funcionarios de la Diputación son del PP y ahora, tanto ellos como el resto, están unidos contra Maíllo.

-Es decir, que usted cree que funcionarios que votan al PP pueden no hacerlo los próximos comicios por este conflicto?

-Lo veremos. Una cosa es ser afiliado del Partido Popular y otra es ser imbécil. Zapatero nos ha quitado un 5% y Maíllo, un 7%, así que va ganando por goleada. Sería de tontos que te estén quitando de tu bolsillo y que ahora vayamos a apoyarles.

-¿Y qué ocurrirá cuando el juez les dé o les quite la razón?

-Si el juez decide que nos hemos pasado de frenada, saldremos públicamente a decir que nos hemos equivocado. Ahora bien, ¿harán lo mismo Maíllo y Barrios? Tenemos muchas dudas.

-Ellos les llaman insolidarios?

-Claro, somos tan insolidarios que estamos ahí defendiendo nuestros mil eurillos. Mientras, el señor Barrios, que se está metiendo 46.000 euros al año, va a las cenas de las organizaciones solidarias y benéficas y las pagamos todos los ciudadanos.