Como en todo conflicto que se precie, las partes en disputa esgrimen argumentos que parecen darles la razón. Los datos a los que ha tenido acceso este periódico hablan de que en los últimos tres años, de 2008 a 2010 los funcionarios han experimentado un 16,3% de subida salarial, lo que traducido a dinero son 2.640.000 euros más para las arcas provinciales, fruto de la subida oficial de salarios, estimada en un 7,3% y un 9% derivado del acuerdo con los sindicatos.

Los funcionarios, señala el presidente de la Junta de Personal, Jesús Sendín, argumentan que son los peor pagados de todas las administraciones públicas (estatal, autonómica y Ayuntamiento de Zamora) y por eso se firmaron los acuerdos de 2008, que trataban de equiparar los salarios de los empleados provinciales al resto. Y fruto de su buena fe, argumentan, fue que esta equiparación no se exigió de forma inmediata, sino repartida en cuatro años, hasta 2011.

Hasta este año no ha habido problemas, pero llega la decisión del Gobierno central de rebajar el sueldo a todos los funcionarios, una media del cinco por ciento. Afecta también a los empleados de la Diputación. La institución entiende que sería un contrasentido e incluso una ilegalidad por un lado bajar el sueldo en cumplimiento de la norma estatal y por otra aumentarlo. Pero los funcionarios aseguran que lo que piden no tiene nada que ver con una subida de sueldo, sino un acuerdo anterior que debe cumplirse, como se ha hecho en la Diputación de Palencia, y esgrimen para ello un informe de intervención que según dice, avala sus tesis de legalidad.

Los funcionarios provinciales tienen, además del sueldo, otros beneficios presupuestados, como los 30.000 euros para las ayudas para la compra de vivienda (máximo de tres mil euros por funcionario), los 60.000 de indemnización por fallecimiento o invalidez (ayudas de 30.000 a 120.000 euros según el caso), 104.000 de ayudas a la escolaridad (1.300 euros por funcionario) y los 115.000 euros en ayudas médicas, farmacéuticas, prótesis, lentillas, dentaduras e implantes (se paga el 60% habitualmente, incluidos familiares). Este tipo de ayudas de acción social suelen tenerlas también funcionarios de otras administraciones. Sandín considera que estos datos no tienen nada que ver en el conflicto y pueden ser malinterpretados por parte de la opinión pública. Los funcionarios tienen 22 días de vacaciones y otros 26 retribuidos: 9 de moscosos, tres en Semana Santa y Navidades, uno en Nochevieja, Nochebuena y la fiesta patronal, Santa Rita y ocho de jornada reducida de 1 hora del 1 de junio al 15 de septiembre.

El día 11 de enero es la fecha fijada por la Junta de Personal de la Diputación de Zamora para celebrar una asamblea de trabajadores en la que seguramente se acuerde recrudecer las medidas de presión, como encierros, boicoteo de actos y denuncias judiciales por el incumplimiento de los acuerdos. Exigen que por lo menos la Diputación se siente a negociar, si bien el equipo de Gobierno pide que cesen las protestas para poder entablar una vía de diálogo.