Los funcionarios de la Diputación volvieron ayer a la carga en la calle para exigir el cumplimiento de la última parte del acuerdo de 2008 sobre la actualización de las retribuciones y presentaron un nuevo argumento: el informe técnico que en el último pleno ordinario encargó el presidente de la institución, Fernando Martínez Maíllo. La junta de personal dice que «el informe emitido por el Área de Intervención sí es favorable a nuestra petición», ya que refleja que «no existe inconveniente para que se produzca la modificación de las retribuciones».
Además, los funcionarios de la institución niegan el argumento principal del presidente Maíllo: que la actualización salarial sea fraude de ley. Tal y como manifiesta la junta de personal, con motivo del recorte salarial del 5% ordenado por el Ejecutivo central, la Diputación «suspendió de forma unilateral el acuerdo firmado en el año 2008 y eso sí que fue un fraude en toda regla», asevera Jesús Sandín, en representación de los trabajadores.
