Nuevo pulso entre los funcionarios de la Diputación y el presidente de la institución provincial en torno al cumplimiento del acuerdo firmado en 2008. Un centenar de trabajadores se movilizaron ayer en la plaza de Viriato para exigir que dicho convenio salarial se lleve a efecto, ya que queda pendiente una última subida fijada para 2011. Sin embargo, el borrador de los Presupuestos Generales prohíbe cualquier tipo de incremento el próximo año, aunque los funcionarios creen que la norma se puede sortear «si hay voluntad política» actualizando las nóminas antes del 31 de diciembre.

En efecto, la Diputación ha aplicado los aumentos marcados en el documento de 2008 en los dos últimos ejercicios. Queda la tercera parte que supone para los trabajadores un 8% que dejarían de percibir en sus nóminas, que se suma a la reciente rebaja estatal del 5%. «No estamos de acuerdo con el recorte nacional, pero no nos oponemos. Ahora bien, el no cumplimiento de este acuerdo nos supone una reducción de entre el 12 y el 15% a unos trabajadores que bastante perjudicados hemos estado a lo largo de la historia», explica Jesús Sandín. El responsable de la junta de personal aseveró que «somos unos 450 funcionarios y el 98% han firmado el documento de apoyo a esta reivindicación». En la pitada de ayer frente a La Encarnación, Sandín apuntó que «no estamos como sindicato, sino como trabajadores y representantes de la junta electoral, donde están representados todos los sindicatos».

Pocos minutos más tarde, el vicepresidente y diputado de Personal en la institución, José María Barrios, apuntaló la posición de la Diputación Provincial de «suspender» la subida prevista para 2011, «lo que no significa que esté anulada». Barrios volvió a apuntar al borrador de los Presupuestos Generales del próximo año como el verdadero «problema» para que no se pueda aplicar la última parte de la actualización salarial, ya que impide expresamente tal acción.

«No vamos a incumplir una ley para hacer efectivo un acuerdo porque significaría incurrir en un fraude», defendió Barrios. El vicepresidente entiende «el enfado de los funcionarios», pero no la posición de los sindicatos, que «han informado mal a los trabajadores, porque les han prometido que cobrarían la subida cuando es muy difícil que se pueda llevar a cabo». En cualquier caso, entre los trabajadores la solución está clara. «Si el borrador lo prohíbe, adelántenos usted lo que no teníamos previsto», pidió Jesús Sandín en nombre del medio millar de funcionarios provinciales, ya que todos se verán afectados por esta situación. En el caso de que el convenio no llegue a entrar en vigor, la junta de personal es clara: «Continuaremos con la protesta y que cada palo aguante su vela».

Por su parte, la institución volvió a mostrarse firme en cumplir con lo establecido en el citado borrador, que deberá antes ser aprobado. Además, José María Barrios llamó «insolidarios» a los sindicatos, al entender que reclamar la citada mejora en las nóminas es «estar fuera de la realidad de la provincia y sus 15.000 parados actuales».

La protesta también se extendió a la residencia de Toro, de la que dicen «está abocada al cierre porque no se cumple el plan operativo». En este sentido, Barrios respondió que «no vamos a cerrar nada» y recordó que se aplicará «una reorganización de los turnos de trabajo».

«No vamos a incumplir la ley para hacer efectivo un acuerdo porque sería fraude»

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Diputado de Personal