El presidente de la Diputación Provincial, Fernando Martínez Maíllo, desveló ayer la severa reducción que experimentarán los presupuestos de 2011, con un recorte del 20%, que se traduce en una reducción de 16 millones de euros en las cuentas del año que viene. Maíllo realizó el anuncio como llamada a la conciencia sobre la situación de las arcas provinciales, mientras los funcionarios monopolizaban el pleno de ayer en La Encarnación, al exigir cumplir el acuerdo firmado en 2008 con los sindicatos, en el que la institución se comprometía a mejorar las retribuciones salariales para acercarlas a las de otros funcionarios.

En este sentido, el responsable de la Diputación aludió a la nueva ley de presupuestos -aún en estado de borrador- como impedimento para aplicar las compensaciones salariales, ya que el texto prohibirá cualquier tipo de subida en 2011, cuando estaba pactado que se comenzaran a aplicar los complementos salariales. Por ese mismo motivo, los funcionarios creen que el presidente Maíllo se ampara en la ley de Zapatero para «evitar» cumplir el acuerdo, que supone un desembolso de 440.000 euros más los gastos en seguridad social.

El presidente de la junta de personal en la Diputación, Jesús Sandín, acudió junto a otros compañeros al pleno de ayer para acusar a Maíllo de «falta de voluntad política» para aplicar el pacto. Sandín y el resto de funcionarios pidieron al presidente que adelante el cumplimiento de ese acuerdo a este mes, cuando legalmente es posible, ya que en enero de 2011 las subidas estarán prohibidas.

«¿Están planteando que incumplamos la ley?», preguntó Maíllo a los grupos de la oposición, a quienes acusó de acudir a «la demagogia» por defender la postura de los funcionarios. «Hasta ahora hemos cumplido el acuerdo y lo seguiremos haciendo, pero siempre dentro de la legalidad», añadió el responsable de La Encarnación.

«Usted necesita consejos: dé marcha atrás y cumpla el convenio, porque los políticos pasan y los funcionarios quedan», le conminó el independiente Mateos. Molina, de IU, le pidió que «no maltrate a los ya maltratados» y le exigió cumplir con las cantidades y «no se aproveche de un error del Gobierno». Por su parte, la socialista Muñoz defendió que el decreto de Zapatero «no dice que haya que romper los convenios». Todos fueron aplaudidos por los funcionarios presentes en el salón.