El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Zamora ha confirmado que la investigación penal sobre la «trama solar», iniciada de oficio en diciembre, concluirá en breve. El responsable de la Fiscalía, Rafael de Vega Irañeta, confía en completar las declaraciones de empresarios y funcionarios, «que son determinantes», en un corto espacio de tiempo para decidir si imputa o no a los cargos implicados en la investigación penal de posibles irregularidades en la concesión de licencias de huertos solares. Se trata del ex secretario de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Zamora, Manuel Méndez, y el ex jefe del Servicio de Industria, José Bahamonde.

De Vega no ha querido avanzar nada sobre el contenido de la investigación, a la espera de emitir el informe en el que comunicará si remite el asunto al juzgado para que abra un procedimiento penal contra los dos cargos por si hubieran cometido un delito de tráfico de influencias, al utilizar la información privilegiada de la que disponían para beneficiarse a sí mismos o a otros. Respecto de la orden dada a la Junta para que paralicen los expedientes administrativos abiertos a Méndez y Bahamonde declaró que «lógicamente no puedo dejar que se siga adelante con esas actuaciones cuando penalmente hay otra investigación abierta». La Administración autonómica no podrá continuar con su sistema sancionador hasta que la Fiscalía tome una decisión y, si les imputa, hasta que sean juzgados.

De Vega concretó que, al margen de la toma de declaraciones, ha recabado información de la Junta de Castilla y León, que le ha facilitado los casi 1.300 expedientes de las solicitudes de autorización de instalación de huertos solares en la provincia zamorana. Asimismo, ha pedido a la Junta una copia del contenido de los informes de los dos funcionarios sospechosos de haber cometido irregularidades en la concesión de esas licencias. El objetivo es «ampliar mi investigación», por si hubiese algún dato que pudiera arrojar más luz a las pesquisas. El hecho de que la Junta haya propuesto una sanción de suspensión de empleo y sueldo por dos años y medio a Méndez implica que actuó de forma irregular como secretario de la Junta, lo que podría implicar que desde el punto de vista penal se le podría imputar algún delito.

El fiscal intervino de oficio en diciembre pasado, tras la publicación en prensa de «una posible implicación de ciertas personas de la Administración, en el área de Industria, en hechos delictivos que podrían estar dentro de los tipos denominados tráfico de influencias u otros». En el caso de Zamora fueron Méndez y Bahamonde los funcionarios señalados por el Ejecutivo regional, que decidió abrirles un expediente. El fiscal concretaba que hasta ahora «se han tramitado las diligencias de investigación penal, se ha pedido documentación, se ha tramitado declaraciones de personas de distinto ámbito y eso requiere un volumen de trabajo» importante que ha concentrado buena parte de la actividad de su Oficina.

De Vega ha llevado con absoluta discreción todo el proceso de investigación y tramitación de las diligencias, de modo que no ha trascendido a los medios de comunicación ninguna de las comparecencias que se han desarrollado en su despacho, por donde han pasado desde los funcionarios sospechosos de tráfico de influencias, a empresarios que lograron concesiones y técnicos de la Junta en Zamora. Con esa misma discreción desea mantener las últimas actuaciones con las que cerrará los ocho meses de trabajo.