Presentar una reclamación por daños y perjuicios ante la jurisdicción laboral. Esta es la vía por la que, en principio, se decantan los abogados de las personas que decidieron interponer una querella contra Azucarera, con la que pretendían demostrar la supuesta relación entre la exposición al amianto y las enfermedades que padecen o el fallecimiento de familiares. Los letrados de los querellantes anunciaron recientemente que existían diferentes posibilidades a la hora de interponer una reclamación para intentar que, al menos, se celebrara un "juicio justo", después de que la Audiencia Provincial desestimara el recurso de apelación contra el auto dictado por el juzgado de Toro que decretó el sobreseimiento provisional de la querella presentada en 2011 contra Azucarera, por un presunto delito de homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores.

El abogado, Román Oria, la opción que, a su juicio, podría ser más viable es presentar una reclamación ligada a la relación laboral entre los querellantes y sus familiares y la industria azucarera, reclamación por daños y perjuicios que, además, sería la "fórmula más rápida". No obstante, el letrado reconoció que, ahora, será necesario estudiar caso por caso para comprobar si la reclamación se presenta dentro de plazo y evitar así que Azucarera pueda exigir su archivo por prescripción.

Esta opción será planteada en una reunión que Oria tiene previsto mantener en próximas fechas con los querellantes que, como reconoció, "están cansados" tras un largo proceso judicial iniciado en 2011 y que, tras conocer la decisión de la Audiencia Provincial de desestimar el recurso de apelación, han decidido seguir con su lucha particular para intentar demostrar la vinculación entre la exposición al amianto y las enfermedades que padecen o que han causado la muerte de sus familiares. Tras un largo proceso de instrucción en el que se realizaron inspecciones oculares en la fábrica de Toro y prestaron declaración en sede judicial los demandantes, ex trabajadores de la compañía, directivos de Azucarera o un responsable de seguridad e higiene en el trabajo, los letrados de la acusación tenían previsto solicitar al juzgado que cerrara la instrucción del caso y que fijara la fecha del juicio oral, solicitud que finalmente no fue aceptada al decretarse el archivo de la querella.