A lo largo de las décadas de 1980 y 1990 se desarrollaron diferentes aspectos de la construcción autonómica, entre ellos el despliegue de la policía autonómica, los Mozos de Escuadra, la creación de la administración comarcal y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También se desarrolló la Ley de Normalización Lingüística y la inmersión lingüística en las escuelas, a fin de fomentar el conocimiento y el uso del catalán; y se crearon la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, los medios de comunicación de radio y televisión de titularidad pública catalana (Catalunya Ràdio y TV3).

La reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 fue una propuesta que los partidos políticos progresistas catalanes empezaron a desarrollar durante la última legislatura de Gobierno de Convergència i Unió (1999-2003). En febrero de 2004 se constituyó en el Parlamento catalán la ponencia que iba a redactar el borrador del nuevo Estatuto, a la que el Partido Popular se sumó más tarde. Al mes siguiente, las elecciones generales españolas de 2004 dieron la victoria al Partido Socialista Obrero Español y su líder, José Luis Rodríguez Zapatero formó gobierno, obligado por la promesa hecha durante la campaña de las elecciones catalanas de que apoyaría la reforma del Estatuto que aprobara el Parlamento de Cataluña. Sin embargo, cuando se conoció el borrador sobre el que estaba trabajando la comisión parlamentaria encargada de redactar el anteproyecto del nuevo Estatuto, el gobierno socialista hizo saber al presidente de la Generalitat Pasqual Maragall cuáles serían los límites que no se deberían traspasar: que no supusiera la modificación de leyes orgánicas, como la del Poder Judicial, que son competencia de las Cortes Generales; que no incluyera un régimen de financiación como el del concierto económico del País Vasco; que no se extendieran las competencias de la Generalitat a todas aquellas no atribuidas expresamente al Estado en la Constitución; y que no se estableciera el deber de conocer el catalán (una obligación que la Constitución sólo otorga al castellano). Estas condiciones, así como la preocupación del gobierno sobre la pretensión de definir Cataluña como una nación, fueron expuestas en nombre del gobierno por el ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla al president Pasqual Maragall durante la entrevista que mantuvieron en Barcelona el 12 de febrero de 2005. "No todo cabe en el Estatuto, a riesgo de hacerlo inabarcable", dijo el ministro en una conferencia que pronunció ese mismo día por la tarde ante el Círculo de Empresarios de Barcelona con el título Una visión de la España plural, y en la que identificó nacionalidades con "naciones sin Estado".

Las elecciones autonómicas del 28 de noviembre de 2010 dieron de nuevo la victoria a Convergència i Unió, por lo que su candidato y cabeza de lista por Barcelona, Artur Mas, fue investido como presidente de la Generalidad el 23 de diciembre de ese mismo año. Pero esta legislatura acabó en fracaso después del rechazo del gobierno de Rajoy al pacto fiscal, la promesa electoral de Artur Mas y que buscaba terminar el déficit fiscal de Cataluña con un sistema parecido al concierto vasco.

Tras entrar en vigor el 18 de junio de 2006, el Estatuto fue recurrido por considerarlo inconstitucional en siete ocasiones por siete instancias distintas: el Partido Popular a través de la firma de sus diputados y senadores contra 187 artículos y disposiciones; el Defensor del Pueblo contra 112 artículos y cuatro disposiciones adicionales, y cinco comunidades autónomas (Comunidad de Murcia, contra el artículo 117, La Rioja contra 12 artículos y siete disposiciones adicionales, Gobierno de Aragón contra una disposición adicional, Generalidad Valenciana contra ocho artículos y cuatro disposiciones transitorias, Gobierno de las Islas Baleares contra lo que establece el Estatuto sobre el Archivo de la Corona de Aragón).

El 28 de junio de 2010, mediante la Sentencia 31/2010, el Tribunal Constitucional, ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del Partido Popular resolvió por 6 votos a favor y 4 en contra la constitucionalidad de la mayor parte del texto, haciendo observar la "ineficacia jurídica" del preámbulo (donde constaba el término nación al referirse a Cataluña) aunque el fallo mantiene la definición de Cataluña como nación, y declaró 14 artículos inconstitucionales.

El 10 de julio del 2010 hubo una manifestación en Barcelona, con el lema "Som una nació, nosaltres decidim", en contra de la resolución del Tribunal Constitucional, con el apoyo de todos los partidos políticos del Parlamento de Cataluña menos del PPC y de Ciutadans. La asistencia fue de un millón y medio según los organizadores y de un millón cien mil personas según la Guardia Urbana.

Dos años más tarde, influido por la presión callejera ante el malestar social y el creciente independentismo plasmado en la mayor manifestación de la historia de Cataluña en el 11 de septiembre de 2012 y que pedía la independencia de Cataluña, el presidente Artur Mas convocó unas nuevas elecciones, confiando en una posible mayoría absoluta para convocar un referéndum por la autodeterminación de Cataluña. Mas ganó las elecciones, pero perdió 12 escaños. Aun así, consiguió llegar a un acuerdo de gobernabilidad con ERC, el gran ganador de las elecciones ya que se había convertido en el segundo partido en escaños (siendo tercero en votos tras el PSC), por primera vez en la historia postfranquista. Este acuerdo dio lugar a la convocatoria de un referéndum por la autodeterminación de Cataluña en 2014, el cual fue condenado por el TSJC.

El suceso último acontece en septiembre de 2017 cuando el Parlament aprueba las Leyes de Referéndum y Desconexión anuladas posteriormente por el TC. A pesar de ello, el Govern Catalan mantiene la celebración de un referéndum de autodeterminación para el uno de octubre.

Con toda esta historia de encuentros y desencuentros, incrementada por la actual dinámica independentista que ha ido creciendo durante al menos los últimos cuatro años como consecuencia de la nefasta actitud del Gobierno Central, mirando para otro lado, y fiel al estilo político del señor Rajoy basado en que el tiempo soluciona los problemas, resulta difícil atisbar una solución. Nadie sabe a ciencia cierta que pasará a partir del día 2 de octubre.

La parte independentista catalana, en estos momentos, tiene exclusivamente como objetivo la independencia y no se conformará con paños calientes. La otra parte no independentista de la sociedad catalana está como en una nebulosa no movilizada sin saberse con exactitud como evolucionará. Lo que está muy claro es que así no se puede seguir por mucho tiempo y habrá que entrar en la negociación a la vez que se profundiza en posibles cambios constitucionales y de financiación autonómica, tema del que se lleva hablando durante mucho tiempo y que nunca se cierra.

De todas formas, la historia nos muestra que Cataluña siempre ha buscado la independencia y jamás renunciará a ella.