L a economía es también el reflejo del estado de ánimo de una sociedad, aunque la valoración depende mucho de si el interlocutor es una gran empresa, un pequeño negocio, una empresa familiar, un autónomo o un desempleado. El entusiasmo contenido que se asomaba a finales de 2015, año que cerramos con un crecimiento del 3,2 por ciento del PIB (2,9 en Castilla y León), va camino de desinflarse si no cambia pronto el escenario de indefinición político e institucional. No voy a ser quien se sume al desánimo que algunos pretenden inocularnos en vena, porque esa visión apocalíptica no se ajusta a la realidad. Pero igual de cierto es que se impone la cautela mientras estemos en un período preelectoral que va camino de cumplir los seis meses. Y esto se nota y preocupa.
Sabíamos que el camino de salida de la crisis iba a ser pedregoso. Contábamos con ello. Sin embargo, más allá de lo previsible, la incertidumbre política que domina la agenda pública está causando perniciosos efectos sobre importantes decisiones de inversión y de contratación. Acaba de lanzar una nueva alerta el Círculo de Empresarios, que en su último barómetro sobre el dinamismo del mercado advierte de los peligros que acechan al afianzamiento de nuestra economía. Entre sus conclusiones figuran no pocas recomendaciones para el futuro Gobierno de la nación que, en general, constituyen un programa de buenas prácticas que no debería pasar por alto el Ejecutivo saliente del 26-J. Además de la vinculación de los salarios a la productividad, los empresarios apuntan urgentes pactos de Estado en materia de educación, sin olvidar la necesaria reforma del sistema de pensiones para hacerlo sostenible. Pero si hay dos indicaciones que se repiten desde hace tiempo son las que se refieren a la reformulación de la propia Administración y a la lucha contra la economía sumergida, el fraude y la corrupción. Y esto, sinceramente, desanima a cualquiera.
