La oposición en las Cortes regionales de Castilla y León está pero que muy soliviantada en las últimas semanas con el asunto ese de los gastos diversos que han descubierto en las cuentas de la Junta y acerca de las cuales exigen no solo explicaciones claras sino ver las facturas de esos gastos, por lo que los diversos partidos ya han elevado diversas preguntas concretas sobre los principales gastos aparecidos, aunque como conocen el percal no esperan obtener respuestas hasta después de las elecciones, dado que aunque la comunidad es reserva del PP la situación no está para confianzas.

Y tiene toda la razón del mundo la oposición, que suma tantos procuradores como los populares, aunque el voto de calidad del presidente y el apoyo de Ciudadanos hayan salvado a Herrera de perder el poder que acumula su partido por estos lares desde hace tantos años. La noticia es muy conocida ya dada la repercusión que ha tenido en la sociedad el saber que la Junta, a través de sus altos cargos, más o menos, gastó ocho millones de euros, nada menos, que se dice bien pero es muchísimo dinero aunque sea público, en lo que han denominado en las cuentas como gastos diversos.

Todo cabe en este concepto y más cuando el mismo se convierte en un cajón de sastre, según la reiterada denuncia del PSOE, que apoyan los demás grupos de la oposición, en el que aparecen singulares facturas de gastos no menos singulares y que en vez de ser dirigidas al presupuesto de la consejería correspondiente iba a parar directamente a este apartado en el que la transparencia brilla por su total ausencia. Como parece ser que el presidente de la Junta no quiere saber nada del asunto -lo mismo que con los escándalos de la perla negra y las eólicas, ambos en manos de la justicia- tuvo que ser la vicepresidenta, Valdeón, la que saliese a dar la cara, pero sin conseguirlo.

Normal, porque a ver cómo se justifican en una región tan castigada por los recortes oficiales en sanidad y educación principalmente, y lastrada por el paro, la despoblación y el envejecimiento, esos ocho millones de euros gastados se sabe en qué pero no se sabe por qué ni por quién. De todo hay en el cajón de sastre como ya se ha comentado, desde compras en hipermercados o en bazares chinos, a tickets de aparcamiento -estos que viven de la política no gastan un euro de su dinero pese a lo que ganan-, sin olvidar entradas para los toros -16.000 euros de nada- y otros espectáculos, restaurantes por supuesto, viajes y pubs de copas que luego pasan al cobro. O sea que los contribuyentes pagan desde las gominolas hasta las copas. Pero ya tienen que gastar para que las facturas se hayan elevado a tan enorme cantidad, algo incomprensible y que ha de ser suficientemente explicado.

El asunto no va a quedar así, o al menos eso pretende la oposición. El PSOE quiere llevar el caso a los tribunales y aparte de eso forzar una comisión de investigación en las Cortes de Valladolid que estudie con detalle este nuevo caso de despilfarro intolerable, algo en lo que están de acuerdo el resto de los grupos, y que se dé cuenta pública de los resultados.