Es de todos bien sabido que en España la Justicia es muy lenta. Y a nadie se le oculta que uno de los motivos más frecuentes -y también más razonables para la justificación- es que casi todos los tribunales (por no decir todos) están hasta los topes de asuntos, de tal manera que no pueden resolver gran parte de los casos que se les presentan. Si alguna vez hemos tenido que ir, por necesidad, a alguna oficina dependiente del Ministerio de Justicia, sobre todo en Madrid, hemos podido comprobar cómo existen montones de expedientes que están esperando su turno. Y eso a pesar de que hay jueces que se cargan con una multitud de horas extraordinarias para atender a algunos casos que merecen la pena. Hemos podido leer en la prensa o ver en la televisión a algún juez que se ha privado, incluso, del merecido tiempo de descanso nocturno por atender a un caso bastante urgente.

También conocemos que gran parte de ese amontonamiento de expedientes podría evitarse, si los ciudadanos fuéramos más respetuosos con el personal encargado de resolver y tramitar asuntos que no merecen llegar al juzgado o ni siquiera ser merecedores de tratamiento judicial. Ahí está uno de los abusos que no deberían existir. Hemos conocido en pueblos de la provincia de Zamora -hablo de ella porque en ella transcurrieron mi niñez y juventud- muchos problemas familiares (que ahora leo o veo en la tele como judiciables) que antes se resolvían en buena armonía entre los interesados, bien sin intervención de nadie externo, o con recurrir a la acción de algún "hombre bueno", que generalmente era el párroco en los pueblos pequeños. Tengo en la memoria, en estos momentos y siempre, la actuación de don Nemesio (q.e.p.d.) , párroco de Andavías, pueblo donde nacieron mi padre y todos sus hermanos. Aquel hombre fue el "padre" -en la extensión de la palabra- al que siempre se recurría para resolver los múltiples problemas que surgían entre hermanos, familiares o vecinos. El pueblo se lo pagó con la asistencia general a su fallecimiento ocurrido en Montamarta, su pueblo natal. No conocí, ni allí ni en otros pueblos de la provincia, caso alguno que tuviera que ir al Juzgado. Y se trató de muchos casos de los que ahora llenan las dependencias de los juzgados en las capitales y en poblaciones de menor importancia.

Pero hay otro abuso peor, muy frecuente en nuestros días, tal vez porque la convivencia ha perdido la familiaridad de antaño o porque la población ha crecido de una manera tan considerable o extraña que los familiares se encuentran distantes; o los vecinos -como ocurre en la poblaciones muy populosas- ni siquiera se conocen. Esas circunstancias pueden ser el motivo de que se piense en la intervención del juzgado y no en la "buena armonía" particular. El abuso, en estos tiempos, está en considerar los casos con más importancia que la aconsejada por el sentido común; o en que no hay motivo para que tenga que intervenir en modo alguno el Juzgado y se acuda a tal excusa para anular la necesidad de resolución. Esto ocurre, sobre todo, cuando una persona -o una institución- vulnera las leyes; y prescinde de lo normal para resolver su caso, prefiriendo la no exigencia por parte de los vulnerados o de los ciudadanos en general. Tenemos un suceso muy notorio, de ámbito nacional, en lo ocurrido con la publicación en un diario de ámbito nacional español de unos documentos, perfectamente autentificados en el extranjero y que se refieren a un partido de los cuatro más votados en España en las elecciones generales de 2015. Ante tal publicación, el español más significado en el partido señalado ha manifestado que los hechos son "mentira"; y que "si alguien tiene algo de qué acusarlos, acuda a los juzgados". Con franqueza, tal recurso me parece un abuso: si existen documentos, lo correcto es demostrar de modo fehaciente que tales documentos no se ajustan a la verdad. No tiene por qué intervenir la Justicia en tal asunto. No creo que haya que cargar a los jueces con la obligación de hacer averiguaciones para comprobar si los documentos tienen el origen que se les reconoce y, de cualquier manera, si su contenido se corresponde con la verdad. Para el buen funcionamiento de la Justicia -y de la convivencia en general- debemos proceder de tal manera que solo llegue a los juzgados y a las instituciones lo que deba ser de su competencia, sin recargarlos con cometidos inútiles o innecesarios. La vida debe fundarse en el recto uso de todos los recursos posibles para los ciudadanos, sin que los ciudadanos incurran en el abuso de los medios puestos a su disposición.