Existen modelos en una justicia lenta, como es la española normalmente. Y como en otros aspectos es Andalucía el campo más feraz en este desconcierto. Tenemos un último ejemplo que confirma este juicio emitido muy a la ligera: El sufrido terreno de la prescripción ha llevado la nulidad a varios procesos incoados en la célebre y duradera cuestión de los ERE.

Actuó en Sevilla una juez ejemplar, que marcó un modelo de eficacia y profundidad en la gestión, llevando a la consideración de la Justicia a un número impresionante de presuntos delincuentes por tomar parte en expedientes de Regulación de Empleo falsos, con cientos de miles de euros como resultado. Estos euros se detrajeron de las prestaciones a los trabajadores desempleados; y participaba en la operación la misma Junta de Andalucía. De tal manera que fueron denunciados como "imputados" ( "investigados", según la nueva denominación eufemística) dos presidentes de la Junta y una señora que llegó a ministra y había desempeñado un alto cargo muy significativo en la Economía de la Junta andaluza.

La juez que merece el calificativo de muy ejemplar es doña Mercedes Alaya, a la que pusieron todo tipo de trabas en el desempeño de sus funciones y tampoco permitieron que siguiera con el caso, una vez que consiguió, por concurso, un puesto destacado en la Justicia andaluza. Con su traslado, en mi opinión, se perdió la esperanza de una justicia eficaz en el caso más grave de corrupción (por la cantidad del dinero robado y por la condición de las víctimas: trabajadores en paro). Ahora se van viendo los resultados de tal deterioro: primero, doce casos y últimamente seis de archivo de expedientes. En estos últimos es muy significativo el archivo del expediente incoado contra el alcalde de Santiponce (Sevilla). Este "eficiente" regidor ha sido tan eficaz en el desempeño de sus funciones, llevando los asuntos municipales como si fueran propios, que estuvo cargando sus gastos privados y personales a las cuentas del municipio. En virtud de tal conducta de corrupción declarada fue inculpado; ahora ha tenido la gran suerte de que su expediente se haya librado por dos motivos: uno, porque la cantidad del dinero corrompido solo fue de 30.050 euros, inferior -como es notorio- a los 450.000 euros; y el segundo motivo -por otro capítulo de la ley; pero que también afecta a la actuación judicial-: porque han transcurrido más de diez años desde que se recibió el dinero y se iniciaron las acciones judiciales.

Esta es la razón de que la tardanza de la Justicia sea la causa de la impunidad de la corrupción y, con esta falta de castigo, su proliferación. La corrupción es motivo de descontento entre los españoles; hasta tal punto que, según oímos y leemos todos los días, se considera a la corrupción y a su presunta falta de atención por parte del señor presidente el principal motivo de rechazo al señor Rajoy, por parte de todos los partidos de izquierda y no tan izquierdosos. Y si es tan influyente la corrupción y su impunidad en la valoración de una gestión, queda demostrada la importancia que cobra la demora de la justicia en el juicio y sanción de las conductas implicadas en los numerosos casos de corrupción. Los partidos, con su demostrada parcialidad, han hecho objeto de su rechazo la corrupción de los sujetos e instituciones enmarcados en el PP; pero el sorprendente caso aducido aquí y otros numerosísimos han sido cometidos por sujetos e instituciones enmarcados en partidos de la izquierda; de todos o casi todos los partidos con signo de izquierda. Lo que ha sido siempre igual y aplicable al mismo sujeto es la falta de diligencia que ha dejado transcurrir el tiempo hábil de actuación y, con ello, ha llevado a esa figura tan poco recomendable que es la prescripción. Si no existiera esta escapatoria, que consigue la impunidad de muchos delitos, serían muchísimo menos frecuentes los que están marcados con el sello de la funesta marca de la corrupción. La falta de diligencia o rapidez es el principal motivo de desprecio de la justicia. Se llega a decir que sin rapidez en las decisiones no hay justicia. ¿Será posible que en España se destierre esa frase, tan corriente entre el pueblo, hasta el punto de que la justicia adquiera el prestigio que se merece este tercer poder (el Judicial), el decisivo poder entre los tres de la democracia?