Aunque pueda sonar extraño, lo cierto es que es así, más del cinco por ciento de españoles con derecho a voto -casi dos millones de personas- se han visto privados de poder votar. Y eso, simple y llanamente, por su condición de emigrantes forzados a estar fuera de España con el propósito de ocupar ese espacio en el mundo laboral que aquí se les ha negado. Los complicadísimos trámites a realizar, la falta de interés del Gobierno, y la inoperatividad de muchas embajadas, han hecho que nuestros compatriotas en el extranjero no hayan podido contribuir con su voto a decidir el futuro de todos: el suyo y el nuestro. Parece mentira que en pleno siglo de las comunicaciones "on-line" y on time, del e-mail y del WhatsApp, del consumismo y de los viajes "low cost", no se haya sido capaz de diseñar un protocolo que simplifique el papeleo y facilite el derecho a ejercer el voto.

Muchos españoles pueden dar fe de conocer casos particulares de compatriotas que han sufrido tal atropello, con la frustración propia de quien ve como en consulados o embajadas se les daba largas de manera descarada. Y no hay que referirse exclusivamente a aquellos que se encuentran en países tercermundistas, sino también a quienes han dado con sus huesos en países económica y tecnológicamente más poderosos que el nuestro, como lo puede ser Japón, donde en el consulado de Osaka (2,7 millones de habitantes) hace solo unas semanas, declaraban no saber nada del tema de las votaciones, remitiendo a los interesados a la embajada de Tokio; algo así como si fueras a hacer una gestión a Barcelona y te enviaran a Madrid, por poner por caso.

Estamos viviendo una época de fuerte emigración, más alta, incluso, que aquella que tanto dio que hablar en los años "sesenta" del siglo pasado, ya que ahora las cifras duplican a las de entonces, con el agravante que la formación profesional de los emigrantes actuales supera en mucho la que tenían los de antaño puesto que, en su mayor parte, se trata de gente que ha pasado por la universidad.

No se sabe muy bien si a esos dos millones de españoles que no han podido votar se les ha ignorado por comodidad, por dejadez, o por incapacidad para hacer las cosas mejor en las embajadas. Podría dar la impresión que alguien estuviera deseando que continuaran fuera, ya que de regresar a España contribuirían a empeorar la estética de las listas del paro. Lo cierto es que nadie ha debido pensar en la importancia de sus sufragios, porque se trata de una cifra tan importante que en la hipótesis que esos dos millones de compatriotas hubieran votado a Podemos, dicha formación habría empatado con el PP, si le hubieran dado su confianza al PSOE estos les habrían superado, y si hubieran optado por dar su voto al propio PP, habría ganado las elecciones de calle por mayoría absoluta. Aunque solo fuera por eso, el nuevo Gobierno que va a dirigir el país debería plantearse arreglar este despropósito. Bastaría con que evitaran mirar con desdén a todo lo que suena a positivo, con que se convencieran que arreglar un problema burocrático no puede ser más difícil que resolver una ecuación diofántica. Claro que para eso, y a la clara luz de la lógica, el Gobierno en cuestión no debería ser de esos que tienen la virtud de aumentar la deuda al mismo tiempo que dicen que la están saldando.