Aunque de manera lenta, algo está cambiando en las formas de hacer política. Más allá del rifirrafe partidista y que se intensificará en vísperas ya de unas nuevas elecciones, lo cierto es que los responsables de la economía regional y los agentes sociales y empresariales están dando muestras de que la colaboración entre el ámbito público y el privado es la senda adecuada para mejorar las expectativas del conjunto de la sociedad. Y no me refiero solo a ese acreditado instrumento que es el Diálogo Social, cuyo modelo ha sido imitado fuera de las fronteras autonómicas, sino a la incipiente y productiva relación entre quienes conforman el tejido empresarial de Castilla y León y quienes toman decisiones desde los despachos oficiales. Un renovado aire parece haberse impuesto para tratar de aunar el necesario esfuerzo entre los artífices de la economía real y los dirigentes políticos, algo que, por otro lado, no deja de ser un síntoma de coherencia y de interés general.
Algunos de esos encuentros los visualizamos en los medios de comunicación, pero créanme que la nueva legislatura está siendo fructífera en reuniones de alcance y contenido pragmático entre representantes de la Administración y los empresarios sin que medien por ahora los focos y las declaraciones estériles. No digo que esa labor de comunicación sea prescindible en la era de la transparencia, no. Lo que sí creo es que la seriedad que exigen esas relaciones deben, por el bien de todos, fraguarse sin aventar meras intenciones y planteamientos sin ningún fundamento sólido. Los ciudadanos, en mi humilde opinión, están, estamos, cansados de escuchar compromisos tan efímeros como un azucarillo en una taza de café. Por eso, y no por otra razón, es por lo que ese trabajo callado y continuo al que, me consta, se han abonado ahora los dirigentes económicos y un amplio número de empresas es de agradecer en aras de resultados óptimos y plausibles. Como en el anuncio, hecho y dicho, no al revés.
