Debates estériles

La polémica sobre las remuneraciones y dietas de los procuradores de las Cortes

20.07.2015 | 10:00
Rafael Monje

Ya es todo un clásico al inicio de cada legislatura: la crítica de las remuneraciones y dietas que perciben los procuradores de las Cortes y las dudas sobre la necesidad o no de mantener determinadas instituciones propias de la Comunidad. No hay como echar mano de las hemerotecas para darse cuenta de ello, y ese es el problema: que no por mucho reiterar la queja, la razón asiste al final al demandante. Veamos el problema, pues, desde una visión lo más constructiva posible y exenta del habitual oportunismo político.

En cuanto a los sueldos y dietas, partimos de un debate estéril, porque es de manual su utilización partidista y demagógica en función de si se gobierna o se está en la oposición. No hay un expreso deseo por parte de las formaciones de otorgar a este capítulo el consenso debido y, así, lo que trasciende es solo ruido, generando escepticismo, cuando no cabreo, entre la población. Mal que nos pese, las percepciones salariales de nuestros representantes públicos son, en términos generales, bajas para la responsabilidad y el compromiso exigibles. Además, creo que, aunque sus señorías se bajaran hasta un 50 por ciento su sueldo, a la mayoría de la gente le seguiría pareciendo excesivo. Es, como digo, un debate viciado y al que nadie ha querido hincarle los dientes para no salir trasquilado. Ante esta situación, cabe preguntarse si de verdad hay voluntad para abordar seriamente este manido asunto, mediante un reglamento transparente que acabe de una vez con las incertidumbres y el torticero uso político. Es, sin duda, una mínima exigencia de respeto hacia el propio ciudadano.

Y en torno a las instituciones propias sucede algo similar, porque sería deseable un marco normativo nacional que regulara la creación y funcionamiento de estos órganos autonómicos, desde un carácter realmente fiscalizador y evitando cualquier duplicidad. El propio Estatuto de Castilla y León recoge sus funciones y organización, por lo que cualquier modificación debería abordarse en el seno de la futura reforma estatutaria. En todo caso, sirva de preámbulo la certeza de que no solo el volumen de dictámenes y resoluciones avala la capacidad de estos órganos, que en estos años ya han experimentado drásticas reducciones del número de miembros y de las cuantías asignadas a su funcionamiento, sino también la talla profesional y política de sus máximos exponentes. Ahora bien, dicho eso, cierto es que se ha dado la imagen de convertir a estos órganos en cómodo aparcadero de políticos de valía para los que ya no había hueco en otras estructuras. A lo que habría que sumar la exigencia de un mayor espíritu crítico por parte de sus componentes, una sustancial mejora en la difusión eficiente y rápida de su trabajo y, evidentemente, una respuesta acorde por parte de la Junta. Lo demás, créanme, son ganas de marear la perdiz cada cuatro años.

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