Los evidentes y sucesivos recortes que la Junta de Castilla y León viene administrando a lo largo de estos tres últimos cursos en el transcendental capítulo de las infraestructuras, y de las transferencias corrientes, conferidas a las universidades, dejan el progreso y el futuro de estas en el alero de la incertidumbre y el estancamiento. La caída presupuestaria para las universidades públicas por parte de la Consejería de Educación es de lo más alarmante y contradictoria: solo se habla de más apoyos presupuestarios a las puertas de las elecciones autonómicas. Este es el maltrato y la asfixia económica a que están siendo sometidos los centros educativos superiores por los distintos gobiernos del PP, a nivel nacional y autonómico. Por eso se reclama desde todos los ámbitos -también desde el Tribunal de Cuentas de Castilla y León- una financiación estable, plurianual y con objetivos, para las universidades.
Entonces por qué nuestro Gobierno, nuestra autonomía, no apuestan por la I+D+i de las universidades, y sí por los «bacarrás», centros comerciales de ocio, pequeñas ciudades convertidas en tiendas de «take away», bares y en locales de franquicias cuyos puestos de trabajo no requieren cualificación ni estudios.
Antes fue el fracasado proyecto de Eurovegas, pero ahora el PP de Madrid (Ayuntamiento y Comunidad) ya han hecho negocios con el multimillonario chino Wang Jianlin, dueño del grupo Wanda, para abordar, entre otros muchos, su proyecto de construir y explotar un macrocentro de ocio, hoteles y viviendas en el barrio de Campamento de la capital. ¡Ahí sí que les interesa invertir, no tanto en educación pública!
Aquí también, en Castilla y León, la Junta tiene otras prioridades que no son precisamente la Universidad pública y la educación. Nuestros dirigentes peperos han hecho últimamente una donación de más de seis millones de euros para los fastos místico-turísticos de santa Teresa. A estos millones hay que añadir «otros» que ya han «regalado» para la celebración del V Centenario de la santa andarina abulense.
La Universidad necesita urgentemente reformas -hay aspectos insostenibles de esta institución-, se debe adaptar a los tiempos actuales. Esto es verdad y vital, pero no al modo que quieren empresarios y neoliberales del negociete de la educación. No queremos una enseñanza pública dominada por numerosas empresas privadas, escuelas de negocios, centros educativos privados (universidades, centros de formación€) que ya han emprendido un dura carrera por la caza de alumnos, claramente llamados clientes. Así es como el neoliberalismo y muchos grupos financieros ven la educación.
Y para eso el ministro Wert, apoyándolo solo el PP, hace una reforma de las carreras universitarias. La imposición de este Real Decreto del gobierno del PP va acompañado de otros dos: uno, los requisitos para la creación de centros y universidades, y otro, el sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario.
Un real decreto repudiado por los sectores más conservadores y también por los más progresistas. Una modificación unilateral de nuestro peor ministro de la democracia, Wert. Un dislate, sin debate técnico ni de contenidos; sin consenso ciudadano ni parlamentario ni universitario. Y un decreto que favorece las inversiones privadas en educación, sin control, sin excelencia, solo el puro y duro comercio con sus beneficios. Este tipo de empresa de la educación privada busca el negocio de la banca y empresas de las enseñanzas on line. Y abogan por asediar a los estudiantes universitarios con créditos que les pueden endeudar de por vida si no encuentran trabajo.
Este proyecto Wert de flexibilización de los grados universitarios (3+2, fundamentalmente) encarece los estudios superiores -los postgrados- y deja la universidad solo para las élites económicas. Es pura mentira -muy propio del gobierno del PP- afirmar que este decreto favorece el ahorro familiar. Nadie se cree que los alumnos saldrán suficientemente preparados con un grado de tres cursos, convertidos en unos estudios más «descafeinados» que no valdrán ni para el mercado laboral ni para la propia formación del individuo.
Pero el ministro Wert, a las puertas del año electoral más importante de los últimos tiempos, se atreve a hacer una reforma con todo el mundo en contra y que subleva a todos, empujándonos a asambleas y huelgas interminables contra su descabalado proyecto de flexibilización del sistema universitario español. ¿Subiendo las tasas universitarias, reduciendo becas, financiando con menos presupuesto a las universidades públicas se logrará esa reforma? Wert, un ministro que tiene en la cabeza una sola cosa: acabar con la educación pública y entregarla a manos privadas y especulativas.
En Castilla y León la Junta se pavonea de realizar enormes esfuerzos presupuestarios para impulsar que las universidades progresen, apoyando la Investigación y la Transferencia de Conocimiento. Y más ahora que estamos en año muy electoral: la Junta, del PP, lanza sus campañas publicitarias a todos los medios con promesas que no cumplirá, como casi siempre. El consejero, el director general de universidades y el secretario general de la Consejería de Educación, nos marean, ahora, con esa oscura y enrevesada RIS3 de Castilla y León (Estrategia Regional de Investigación e Innovación Inteligente de Castilla León 2014-20). Según ellos parece que es la panacea que nos va a llenar la región, nuestros campus, de riqueza y prosperidad. Pero los datos, los obtusos datos, machacones, contradicen a la Junta y les hacen bajar a la realidad social de la que están profundamente alejados. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) se han reducido a la mitad las empresas castellanoleonesas que invierten en Innovación. El gasto para innovar ha caído un 15,9% frente al 1,3% nacional. La Consejería de Educación solo mantiene a ralentí el motor innovador, pero pregona y cacarea (publicitariamente) que realiza constantes dotaciones para la Innovación ¡Qué gran contradicción: nuestra comunidad fue la que más recortó en 2013 -y parte del 2014- su gasto en I+D!
Las descalificaciones contra la Universidad pública, en su afán de desprestigiarla, mezclan «churras con merinas». Y lo que ocultan estas críticas desacerbadas y las medidas reformistas de Wert, «es un auténtico ERE a medio plazo», un estrangulamiento a la Universidad pública. De este modo, dentro de un tiempo, sobrevivirán las universidades-negocio, y solo algunas universidades testimoniales, con contratos precarios del profesorado, por horas. Ya no importará la formación de los alumnos ni su futuro profesional; solo sus cuentas corrientes.
