Zamora, según las estadísticas del Ministerio del Interior, sigue siendo una de las provincias con mejor índice de seguridad, el mayor de las nueve de Castilla y León. Pero esas mismas estadísticas que resultan, a priori, tranquilizadoras, desvelan un incremento de los delitos en el último año, y en particular de los robos y hurtos, que crecieron un 7,2%. Con arreglo a los datos que manejan jueces y fiscales de la Audiencia de Zamora, el aumento sería aún mayor. La crisis económica, el paro y otros factores sociológicos son algunas de la razones de fondo de ese crecimiento que, si bien no cabe calificarse en absoluto de alarmante, sí es lo suficientemente significativo como para ser tenido en cuenta por los responsables de las Fuerzas de Seguridad.

Los amigos de lo ajeno se ceban desde hace meses en las explotaciones agrarias que suelen estar apartadas de los núcleos urbanos y que resultan más difíciles de vigilar por sus propietarios. Eso ocurre, además, dentro de una provincia que hasta ahora no ha exigido grandes dotaciones policiales por su escasa conflictividad. Las ventajas evidentes de esa situación también pueden servir de inesperado atractivo para los ladrones que buscan un botín más fácil de obtener que en otros lugares «más acostumbrados» a la actuación habitual de los delincuentes. Cuando eso sucede, las autoridades de la nueva afectada, en este caso la provincia de Zamora, deben extremar los controles preventivos, aunque la propia Guardia Civil reconozca la dificultad de la empresa en tan extenso y despoblado territorio. La mayoría de las explotaciones atacadas carecen de medidas de seguridad pasivas y, en casi todas las ocasiones, los delitos se producen en ausencia de testigos, lo que dificulta la investigación para la detención de los culpables. Aun así, en Zamora se han producido ya varios arrestos, dos solo en la última semana, de personas relacionadas con los robos agrícolas.

Pero, a pesar de esos avances, el incesante goteo en forma de hurtos de gasóleo, aperos, piezas de maquinaria y animales se ha convertido en una pérdida que, sumada a la difícil situación del campo, se vuelve ya insoportable para agricultores y ganaderos. Es comprensible, por tanto, que en medio de la impotencia que estos delitos generan entre sus víctimas, surjan iniciativas como la de los agricultores de Morales de Toro, dispuestos a crear sus propias patrullas de vigilancia para poner a salvo sus bienes. No son los primeros que anuncian medidas semejantes. Hace dos meses lo hicieron, por idénticos motivos, labradores y ganaderos de Valladolid y el mismo conflicto persiste en una zona tan alejada de Zamora como el Baixo Llobregat, en Cataluña. Pero, aun siendo legítima la indignación de los dueños de las explotaciones agropecuarias, no es menos cierto que las patrullas de ciudadanos particulares entrañan más riesgos que beneficios y que, en ocasiones, una actuación precipitada puede dar lugar a daños irreparables.

Los agricultores reclaman un incremento de la vigilancia de la Policía y Guardia Civil y esperan, al mismo tiempo que el pionero Plan Especial de Colaboración y Coordinación sobre Seguridad en el Medio Rural que se ha puesto en marcha en Castilla y León, con el convenio entre Estado y Junta autonómica, logre el objetivo de borrar cuanto antes esta lacra del campo zamorano.

Y no solo los agricultores se quejan de esta oleada. En esta última semana los comerciantes del centro de Zamora se mostraban dispuestos a la contratación de seguridad privada. De nuevo se conjugan los mismos factores, aunque en el ámbito urbano preocupa, sobre todo, el atrevimiento de los atracos y robos a plena luz del día. Evidentemente, no se trata de poner un policía vigilando a cada ciudadano, pero sí sería deseable que se reforzara el plan de seguridad suscrito en su día por el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno para que Policía Nacional y Municipal actuaran de forma coordinada para salvaguardar uno de los factores que otorgan a Zamora un lugar de privilegio a la hora de medir la calidad de vida de las ciudades.