Un mes hace que ha entrado en vigor la polémica ley antitabaco y aunque pueda parecer, a simple vista, que las consecuencias no han sido demasiadas, dado que en la mayoría de establecimientos públicos como bares y cafeterías se sigue fumando igual que antes, lo cierto es que la norma ha originado una serie de desajustes de todo tipo, siendo tantos o más, por lo que parece, quienes se consideran perjudicados con la medida gubernamental como los satisfechos por la misma.
Satisfechos están los no fumadores, los que se llaman a sí mismos fumadores pasivos, que al menos en sus centros de trabajo han conseguido verse libres de los humos de los demás. Y se supone que igualmente dentro del ámbito sanitario la aplicación de la ley habrá producido la natural satisfacción. Los que se muestran contrarios son desde los trabajadores obligados a salir a la calle a fumarse el cigarrillo a las empresas que se quejan de cómo algunos, con esta historia, se escaquean más de la cuenta. Pero es que además están los damnificados en su economía, que son los que más se dejan oír.
Los damnificados son, principalmente, los expendedores, los estancos, y también quioscos y puntos de venta donde de manera habitual y con su licencia correspondiente se vendía tabaco, algo que ya no se puede hacer. Los estancos han sufrido el descenso de las ventas que ha llevado aparejada la norma y a continuación la bajada de los precios del producto que, como reacción, han decidido algunas de las marcas de mayor consumo. Tanto, que a los expendedores les ha costado más el tabaco en origen que el precio al que han de venderlos ellos ahora. Un pésimo e inaceptable negocio, se mire por donde se mire, que ha originado las protestas del sector que pide que, al menos, las marcas negocien con ellos la situación para no cargarles con las pérdidas, lo que es de razón.
Como es de razón, igualmente, la protesta de los quioscos, privados de uno de sus productos más demandados. En Zamora hay en la capital unos setenta puntos de venta que se han unido a la masiva e indignada queja de los quiosqueros de todo el país, a los que se han solidarizado, con sus firmas, muchos de los clientes. Los quioscos han cumplido una importante función social en este sentido y sus horarios, más amplios que los de los estancos, han permitido siempre a los fumadores no quedar desabastecidos con la seguridad de que había sitios a los que recurrir para adquirir el tabaco. A los vendedores se les priva así, de forma injusta, de una parte de su negocio, y a los compradores de un servicio muy utilizado y socorrido, por lo que debería ser reconsiderado el asunto.
En lo bares es donde sigue la cosa más o menos igual, dado que al contar la mayoría con una superficie de menos de cien metros podían optar libremente sus propietarios por dejar o no dejar fumar a los clientes, y casi todos han decidido no aventurarse. Tanto es así que ya el Ministerio de Sanidad avisa que si dentro de un año se continúa permitiendo fumar en los establecimientos públicos, la norma será revisada drásticamente para poner freno a la situación. Demasiado.
