El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, cree que el periodo de cálculo de la pensión debería ampliarse a toda la vida laboral en el futuro después de que el anteproyecto de ley aprobado haya dado "un gran salto" en ese camino, al alargar en diez años, hasta los 25, el periodo utilizado para calcular la pensión.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Gómez ha explicado que esa extensión del periodo de cómputo de la pensión se producirá a razón de un año por cada ejercicio, de forma que en 2023, una década después de la entrada en vigor de la ley, el periodo de cálculo en España alcance los 25 años.

El ministro ha indicado que eso situará a España "prácticamente en la banda media" de periodos de cómputo vigentes en la mayoría de los países europeos, y, en este sentido, ha recordado que algunos de ellos utilizan toda la vida laboral. "En mi opinión, éste debería ser el objetivo a futuro", ha añadido.

Gómez ha recordado que en 2027 habrá que jubilarse en España a los 67 años, aunque con excepciones. Así, si un trabajador presenta una carrera de cotización de 38,5 años o más podrá jubilarse a los 65 años sin que se le aplique una penalización en su pensión. Ahora bien, si no se reúnen los 38,5 años exigidos, se aplicará en este caso un coeficiente reductor del 1,8% por cada trimestre.

El ministro ha explicado además que podrá haber prejubilaciones por despido a los 61 años en tiempos de crisis siempre que se hayan cotizado al menos 33 años, y que en las jubilaciones a los 63 años no habrá derecho a complementos de mínimos.

Preguntado por el ahorro que producirá la reforma, Gómez ha asegurado que los objetivos del Gobierno, en términos de ahorro, se han planteado a "muy largo plazo" y ha precisado que la reforma no está concebida para reducir la cuantía de las pensiones, sino para que se trabaje más tiempo.

"Habrá menos gastos y más ingresos pero no tiene por qué reducirse la cuantía media de la pensión", ha subrayado el ministro, que ha insistido en que la idea es que el gasto en pensiones no tenga unas dimensiones "explosivas" en 2050 y sea similar al de otros países europeos. "El objetivo es sujetar el gasto", ha dicho.

En cuanto a las novedades para los jóvenes en formación, el anteproyecto contempla que las empresas que financien programas de formación o investigación para jóvenes coticen a la Seguridad Social por los beneficiarios con equiparación total al contrato de trabajo formativo.

Además, la reforma permitirá cotizar, "por una sola vez y en un plazo máximo de hasta dos años", para subsanar la laguna de cotización en los años iniciales de la vida laboral de los trabajadores por no haber cotizado en un periodo en el que ahora sí es obligatorio cotizar.

El anteproyecto recoge también la integración y convergencia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, que se integrará en el Régimen General a través de un sistema que asegure la equiparación de sus prestaciones. Este cambio se aplicará en un periodo transitorio que garantice la competitividad de las cotizaciones agrarias.

De la misma forma, las bases mínimas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos crecerán de forma similar a las bases medias del Régimen General en los próximos quince años, para hacer converger la intensidad de la acción protectora de los trabajadores por cuenta propia con la de los empleados por cuenta ajena.

Además, el texto refuerza la acción protectora del sistema con la mejora de las pensiones mínimas de los pensionistas de edad avanzada que viven solos y asume plenamente las recomendaciones del Pacto de Toledo en cuanto a la separación y clarificación de las fuentes de financiación. Una vez aprobada la Ley se creará un grupo de trabajo que analizará escenarios de financiación complementaria a medio y largo plazo.

De la misma forma, se plantea el desarrollo de un programa específico de seguimiento de las bajas con una duración inferior a quince días, que mejore la conexión telemática del Instituto Nacional de la Seguridad Social y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para reducir los tiempos de intercambio de información.

Durante su intervención, Gómez ha destacado además que, tras dos años y medio de negociaciones fallidas, el Gobierno y los agentes sociales han conseguido que el diálogo social vuelva a dar sus frutos con este acuerdo en pensiones, en negociación colectiva y en políticas activas de empleo, y al que sucederán otros acuerdos en otros temas.

El ministro ha explicado que el principio de acuerdo al que han llegado el Ejecutivo y los agentes sociales se ha producido tras mes y medio de "intensas" negociaciones, y ha agradecido a sindicatos y empresarios su "responsabilidad" y su esfuerzo en la búsqueda de un consenso.

El titular de Trabajo ha explicado que a partir de 2027, fecha en la que habrá finalizado el periodo transitorio de la reforma, se establecen mecanismos para revisar cada cinco años las principales variables del sistema, como la edad de jubilación, a tenor de los posibles cambios en la esperanza de vida.

Gómez ha precisado que no se trata de un mecanismo "absolutamente automático" y que lo lógico es que ese revisión quinquenal la efectúe el Gobierno de turno con los agentes sociales. "No hay un automatismo estricto. Lo que se dice es que las variables tienen que ajustarse", ha añadido.