El Procurador del Común tramitó un expediente de oficio a raíz de las informaciones reveladas por este diario sobre los problemas de contaminación del agua en Sayago a finales del mes de septiembre. Y ello dio lugar a la solicitud de un informe a la Mancomunidad Sayagua sobre las localidades donde presta el servicio, estado de la captación, controles sanitarios o las medidas que se adoptan si se produce una alerta por presencia de contaminantes. En el mismo, la entidad de municipios destaca que la nueva potabilizadora fue construida por la Junta "para dar servicio a 20.500 habitantes cuando en Sayago apenas cubrimos 7.000 abonados, circunstancia que, de aplicar todos y cada uno de los elementos de purificación y saneamiento del agua, encarecerían enormemente la tasa que tiene que pagar el abonado. No obstante mantenemos un buen nivel para suministrar agua en condiciones aptas para el consumo humano". ¿Por qué se produjo entonces la alarma entre la población?. La propia Mancomunidad alude a una "falta de coordinación" entre el Servicio de Sanidad y la entidad de municipios situando además en el punto de mira a la prensa por "airear" el problema y "hacer una crítica destructiva para los fines que presta la Mancomunidad". La misma entidad que por otro lado dice ser "consciente de que sus abonados al servicio de abastecimiento de agua potable, han consumido ésta con trihalometanos desde hace más de 30 años", para tranquilizar después a los usuarios con una campaña explicativa en la que afirman que los trihalometanos "no tienen riesgo para la salud, haciéndole comprender que la Organización Mundial de la Salud tiene declarado que podría darse solo caso de cáncer por cada 100.000 personas que consumen en un periodo mínimo de 70 años".
