Con diez instalaciones autorizadas, Zamora es la provincia de la península con más plantas de residuos de construcción y demolición (RCD) por habitante. El dato lo proporciona la Asociación de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (Agerdcyl), la misma que denuncia que de esas diez plantas autorizadas "tan solo tres cumplen los parámetros de gestión de plantas".
Según se apunta desde esta asociación, "hay plantas en las que se recepciona el material, pero luego no se hace ninguna tarea de valorización, separación de elementos y tratamiento. Porque cuando hablamos de escombros pensamos solo en un trozo de ladrillo". La realidad es que el 90% de los RCD puede valorizarse. De ellos, un 75% se consigue transformar en áridos reciclados mientras que el resto logra ser recuperado por gestores especializados y clasificado como metales, maderas, plásticos o papel-cartón. "Lo que para nosotros es escandaloso es que haya plantas que están autorizadas como tales y no cumplen esa función".
Por ello los gestores piden que las inspecciones "no se limiten solo a los ayuntamientos sino que a nosotros mismos se nos someta a un control para comprobar los que cumplen con los objetivos de reciclaje y los que no".
Para Agerdcyl, el "principal problema" en la provincia de Zamora "es la existencia de centenares de puntos aislados de vertidos de residuos de construcción y demolición de pequeño tamaño mientras las actuaciones municipales son inexistentes, tanto para corregir esta situación como para vigilar y sancionar a quien tiene relación con ellos". Los gestores de este tipo de plantas recuerdan que las administraciones locales "tienen competencias" y además "está demostrado que si se limpian los puntos de vertidos se consigue que dejen de verter en zonas donde está prohibido".
Conscientes de que la existencia de vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición es todo un problema para los municipios, la organización alerta de estas situaciones con solicitudes dirigidas a ayuntamientos así como con denuncias dirigidas a la Consejería de Medio Ambiente o al Seprona de la Guardia Civil. En ese sentido la asegura que ha volcado "todos los esfuerzos" en denunciar la existencia de vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición, como los realizados en varios municipios.
Desde el otro lado, los ayuntamientos han denunciado en reiteradas ocasiones el rigor de una ley que se ven incapaces de cumplir al no poder controlar el vertido de residuos en puntos no autorizados.
