Un vecino de Justel reclama al Ayuntamiento la señalización del coto ZA- 10787 y la delimitación de las fincas particulares para que los actuales gestores del coto no entren en las propiedades para cazar. El último escrito, el pasado 8 de octubre, remitido por Santiago Mayo Rodríguez a la corporación señala que el perímetro del coto, de 2.332 hectáreas, está sin entablillar, y por tanto sin delimitar.

El coto de Justel y Quintanilla cuenta con su plan cinegético y con autorización para la caza del jabalí en montería, de acuerdo a la información remitida al vecino por la Consejería de Medio Ambiente. La pasada temporada se comunicó debidamente al servicio territorial la realización de dos monterías, de acuerdo a la orden Anual de Caza. Las obligaciones de entablillado y su señalización corresponden al titular, en este caso el Ayuntamiento.

El alcalde, Carlos Gurrea Pascual, recalcó que en tres meses que lleva en el cargo no ha habido tiempo para hacer el recuento de la superficie a delimitar, trabajo que le ha llevado tiempo al alcalde, para determinar que son 90.000 metros lineales de entablillado en 17 enclaves de fincas particulares. La delimitación exterior no presenta problemas pero la señalización de las fincas sí es complicada porque además de ser numerosas, en numerosos casos, no se diferencian de la parte pública por la maleza.

La Alcaldía publicó en el tablón de anuncios recientemente, con fecha 4 de octubre, que los cazadores locales abonaran la cuota de 40 euros de esta temporada, lo que propició una nueva queja de Santiago Mayo porque no se han resuelto "los atropellos de los arrendatarios, así como los peligros constantes producidos por estos sin respetar las normas en fincas particulares". Señala además que la caza se produce en horas de escasa visibilidad, con el riesgo para los ciudadanos que son pocos y de edad avanzada.

Las desavenencias con el coto comenzaron hace dos años cuando Santiago Mayo Rodríguez presentó las primeras denuncias ante el Ayuntamiento para que se cumpliera la normativa de caza, empezando por la comunicación de las batidas y cacerías y los lugares de celebración, como figura en una denuncia fechada el 5 de diciembre del pasado año ante la Guardia Civil. En 2013 ya había formulado otra denuncia en los mismos términos, además de pedir la delimitación del coto "que está sin delimitar", además usar las fincas particulares, que no entran dentro de la gestión cinegética.

El Ayuntamiento comunicó en 2012 el proceso de extinción del antiguo coto y la constitución de uno nuevo de titularidad municipal que abarcaba los terrenos de los Montes de Utilidad Público y comunales "en consecuencia, de momento, no se incluyen en el acotado terrenos particulares" como precisa en su escrito municipal, dirigido al interesado con fecha 23 de agosto de 2012.

El coto salió a subasta pública como precisó el alcalde, y se encuentra en estos momentos subarrendado. Es el primer año que cazan los actuales gestores, como aclaró el responsable municipal en la discusión entablada a la puerta del Ayuntamiento entre alcalde y vecino denunciante. Los ingresos del coto al Ayuntamiento oscilan entre los 7.000 u 8.000 euros. Los pagos estaban sin efectuar, se reclamaron "y se han pagado" corroboró el alcalde. El vecino por su parte recriminó la falta de información y la falta de cumplimiento de las condiciones para cazar.