En sus fundamentos de derecho, el TSJ señala, remitiéndose a la jurisprudencia, que «entre las funciones que pertenecen al núcleo inherente a la función representativa que constitucionalmente corresponde a los miembros de una corporación municipal se encuentran la de participar en la actividad de control del gobierno municipal, la de participar en las deliberaciones del Pleno y la de votar en los asuntos sometidos a votación en este órgano, así como el derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer las anteriores funciones».
El representante de Adeiza, Miguel Ángel Prieto, pidió ayer «la dimisión inmediata» del alcalde de Fermoselle porque, según afirma, «ha insultado en cada Pleno a la Constitución española no dejando actuar democráticamente a los concejales, y se ha reído continuamente de la democracia y de todos los vecinos de Fermoselle». Justifica la actitud del regidor «por el hecho e mantenerse sentado en el sillón a cualquier precio, no respetando la Ley», y añade que «ha costado muchísimo dinero a las arcas municipales, en abogados y costas judiciales, a sabiendas que sería condenado.» Pide, además, «en nombre de muchos vecinos, que todo lo que ha gastado lo devuelva de su bolsillo al pueblo de Fermoselle porque el dinero gastado por su prepotencia y mala fe es de todos y cada uno de los fermosellanos». Pide incluso al presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez-Maíllo, «la expulsión del regidor del PP por estar condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por no respetar la Ley ni la Constitución española, y ser un dictador».
