J. A. G.

El Ministerio de Fomento reclama a un vecino de la localidad de Boya la cantidad 230 euros por la señalización efectuada tras sufrir una colisión con un ciervo que le provocó, además, daños en el vehículo por importe de unos 3.000 euros.

La Dirección General de Carreteras del Estado, en Castilla y León, considera «que se han ocasionado gastos al Servicio de Conservación y Explotación de la carretera N-525 a consecuencia del requerimiento efectuado por la Guardia Civil de Tráfico para que procediera a la reglamentaria señalización del vehículo estacionado».

El suceso ocurrió el pasado 22 de octubre de 2011 en el término de Mombuey, cuando el conductor del vehículo colisionó con el animal que invadió la calzada. La Dirección General de Carreteras, de la demarcación de Castilla y León, considera que «el estacionamiento del vehículo constituía un obstáculo peligroso para la circulación». Además alude a un decreto de septiembre de 1994 «donde se infiere que el causante está obligado al pago de los gastos ocasionados para suprimir la peligrosidad del obstáculo parra la circulación». Incluso aconseja al afectado por la colisión en el texto del expediente que «si la póliza del seguro de su vehículo cubre los gastos causados, puede convenirle comunicar la apertura del expediente a su compañía aseguradora para que proceda, si así lo estima conveniente, al abono de dichos gastos». Precisa, asimismo, que «en este supuesto, ha de tenerse en cuenta que las comunicaciones que realice a su aseguradora en ningún caso interrumpen ni paralizan los plazos de tramitación de este expediente».

Este caso es para el responsable de Coag, José Manuel Soto, «el colmo de los colmos y lo que faltaba por ver, que el Ministerio de Fomento reclame por un accidente en la N525 230 euros porque han tenido que señalizar la carretera».

Soto critica severamente este cobro «cuando el accidentado no sabe siquiera si le van a indemnizar por los daños».

El responsable de Coag se pregunta sobre este tipo de expedientes «cuántas denuncias ha puesto la Delegación del Gobierno en Castilla y León a la Junta por la invasión de carreteras de la fauna salvaje». Considera que «es inadmisible» este tipo de exigencias a los que sufren los accidentes por la irrupción de la fauna y, en su criterio, es una razón de peso para que la población proceda «cortar las carreteras».