Los representantes de las Juntas Vecinales de Montes en Mano Común, las asociaciones y vecinos a título particular de Castrelos, Sotillo, Rioconejos, Santiago de la Requejada, Hedroso, Pedralba de la Pradería, Doney de la Requejada, Ilanes y Rabanillo, Sandín, Cerdillo, Castro de Sanabria, Murias, Ribadelago, Calabor, La Tejera, San Ciprián de Hermisende, Castro de Sanabria, Sotillo, Cobreros y Requejo asistieron ayer ,convocados por el Jurado Provincial de Montes, asistieron ayer a una reunión donde por primera vez tuvieron voz para empezar a esclarecer la titularidad de cientos de propiedades y el reconocimiento de las Juntas Vecinales como administradoras y su inscripción como Montes Vecinales en Mano Común. Los representantes de Cerdillo y Ribadelago resumieron ante los miembros del Jurado el sentir de los pueblos: «muchos de nuestros antepasados pasaron hambre para pagar esas fincas».
El Jurado Provincial comunicó a los representantes la creación de un registro provisional para inscribir las Juntas Vecinales ya reconocidas en el Juzgado de Primera Instancia de Puebla y a expensas de la clasificación de los montes. El Jurado Provincial volvió a solicitar a todos los afectados que aporten toda la documentación disponible, tanto de títulos de propiedad, deslindes, apeos o contratos de compraventa sobre las fincas e incluso los estatutos de las Juntas Vecinales. El Jurado Provincial no tenía constancia de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que obliga al reconocimiento de los montes de Hedroso que establece su clasificación. Sobre la mesa también las sentencias de los montes de San Ciprián, Castrelos, Calabor y La Tejera, a los que se les dará prioridad como señaló la letrada de 11 de las 16 asociaciones notificadas, Pilar Calvo. Precisamente la presidenta de la Junta Vecinal no pudo acceder a la reunión por tener la representación delegada, al igual que Cobreros y La Tejera. Quienes sí accedieron en calidad de invitados fueron la letrada de la mayor parte de las juntas vecinales, Pilar Calvo, y el letrado de los ayuntamientos de Galende, Cobreros y Requejo, Eloy Sampedro, que se oponen al reconocimiento de las Juntas Vecinales.
Pilar Calvo pedía que esta reunión «de buenas intenciones» no sirva para dilatar un proceso que ya tenía que estar resuelto cuando la propiedad «es suya».
Casi una hora tuvieron que esperar los vecinos de Sanabria y Carballeda convocados en la Junta de Castilla y León, tiempo que sirvió para disparar todo tipo de especulaciones. La más difundida era que la reunión del Jurado Provincial se trataba de un mero trámite para cubrir el expediente. Calvo recalcaba que se tienen que cumplir las sentencias del Tribunal Superior, que haya un dictamen del Jurado que abras las opciones a entablar un proceso Contencioso Administrativo. Calvo apuntaba incluso que los expedientes abiertos entre 1977 y 1983 lleva aparejada la suspensión de expropiaciones y cesiones «si nos ponemos legalistas».
Uno de los casos llamativos es el de Hedroso, con un monte en término de Porto a nombre de la Junta de Castilla y León , pero que por sentencia de 2008 del TSJ es propiedad de los vecinos como explicaba el letrado de la Junta Vecinal de Montes, una de las pocas que sí está reconocida. Los representantes de Juntas Vecinales de Doney y Santiago de la Requejada, convocados también, aportaron desde los registros de propiedad hasta el número de Identificación Fiscal expedido por la Agencia Tributaria a nombre de las respectivas Juntas Vecinales. Con sentencia de 1974 a favor de la Junta Vecinal de Santiago de la Requejada está sobradamente acreditada la propiedad «y el ayuntamiento es verdad que no ha puesto ningún problema» señalaba Emilio Lorenzo, presidente de la junta de Santiago. El representante de Doney explicaba que se pagan hasta las contribuciones de unos 300 euros en el caso de Doney con 2.600 hectáreas, y de unos 100 euros por las 1050 hectáreas de Santiago. Las dos Juntas Vecinales tienen abierto el procedimiento desde 2001 y 2002. En 2005 cuando se revisó el catastro algunas fincas se pusieron a nombre del Ayuntamiento y fue el propio Consistorio quien remitió un escrito aclarando que la propiedad eran las Juntas Vecinales.
El caso de Sandín también es significativo porque el colectivo vecinal reclama 1.724 hectáreas dentro de la Reserva Regional de Caza, cuyos ingresos percibe el Ayuntamiento de Manzanal. Pagaron tasas por sus montes hasta 1998, como explicó Ramón Devesa, presidente de la Junta Vecinal. Su escritura de propiedad es de 1886.
Los vecinos denunciaban ayer que el Ayuntamiento percibe ingresos como los del embalse y el pueblo necesita obras como el cementerio, la fosa séptica o puntos de luz. Devesa señaló que buena parte de los ingresos de Manzanal son por los terrenos afectados de Sandín.
