La presencia de etarras en los pasos fronterizos de Zamora, una vez que han recalado y convertido Portugal en un posible santuario tras el acoso sufrido en Francia, ha elevado la sensibilidad antiterrorista de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de esta provincia. Lo han hecho hasta el punto de que el Juzgado de Instrucción de Zamora tiene en sus manos una denuncia por los comentarios realizados «amigable y francamente» por dos personas sobre a la situación y la seguridad reinantes en los acuartelamientos fronterizos de Zamora.
La conversación, «de confianza», tuvo lugar en el acuartelamiento de Alcañices entre dos personas que tienen en común ser hijos de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, uno de un guardia civil y el otro de un policía nacional. En ambos casos, los progenitores son víctimas de ETA y los hijos presenciaron los atentados contra sus respectivos padres mientras estaban destinados en el País Vasco.
En dicha conversación se habló «de la seguridad del puesto, vigilancia de fronteras, vehículos de la Guardia Civil, controles de carretera y otras cuestiones relacionadas con el terrorismo». Por su delicada naturaleza, el caso ha sido objeto de un informe interno de la Benemérita «de cinco o seis folios», y luego puesto en manos del Juzgado por si el contenido o la trascendencia de todo lo dicho fuera constitutivo de un delito.
La localización el pasado día 10 de enero, en Bermillo de Sayago, de una furgoneta cargada del material necesario para perpetrar atentados, y de dos miembros de ETA en Portugal, es un hecho considerado por uno de los investigados como una sólida razón para que una plática mantenida en completa sintonía haya llegado a las esferas judiciales.
«La presencia de los etarras fue una sorpresa. Estaban muy primos (los guardias civiles) en estas batallas. No se habían percatado de los viajes a Portugal y no estaban preparados», expresa uno de los investigados, que considera que este suceso ha sido el detonante de que lo comentado en la citada reunión «se haya salido del tiesto».
Ambas personas entablaron la relación con motivo de la festividad del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Previamente, el hijo del policía nacional, cuyo padre, ya retirado, reside en un pueblo próximo a Alcañices, facilitó al párroco de la villa un listado de los asesinados por ETA en los últimos años para que, en la Eucaristía, «pidiera por ellos». Ese día fue invitado al ágape por un responsable del puesto de Alcañices, pero no pudo asistir porque debía regresar a Vizcaya.
Sin embargo, el día 1 de noviembre, día de Todos los Santos y festivo nacional, regresó a ver a la familia. Aprovechó la estancia en Aliste para acudir al cuartel y «agradecer» en persona la invitación.
Fue entonces cuando tuvo lugar una conversación «de casi una hora de duración», en palabras de uno de los participantes, «agradable, franca y relajada».
Ambas personas hablaron confiadamente, «sin presión psicológica ni fuerza física ni de otra índole, de las condiciones de seguridad, del trabajo, de mi experiencia de ser hijo de profesional de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de la estancia en San Sebastián, de los atentados sufridos, de los sistemas de vigilancia, de los medios humanos y materiales, de la forma de realizar los controles». Incluso salió a relucir el asunto «de la Encomienda, que es como un reconocimiento que se concede a aquellas personas que son víctimas del terrorismo». En fin, «cuando hablas durante una hora, hablas de todo». El caso es que una conversación tan distendida como ceñida a asuntos muy particulares de dos hombres ligados a los cuerpos de seguridad, el uno profesionalmente y el otro indirectamente -colabora en algunos aspectos fiscales- es motivo de un expediente judicial. Uno de los intervinientes, el hijo del Policía, fue llamado a declarar el pasado día 16 de febrero al acuartelamiento de la Guardia Civil de Bilbao «La Salve», según apunta, «sobre un documento (el informe) cuyo cuerpo se desconoce y que dijeron que era secreto».
El declarante volvió por la tarde para testificar en presencia de un abogado de oficio, respondiendo a las preguntas formuladas por un teniente de la Guardia Civil de la Policía Judicial de Bilbao. En ellas se incidió «en qué había detrás de toda la conversación de Alcañices, qué podía conocer del puesto y sobre el desarrollo de su actividad, si había hablado con más gente?».
El carné del CNI y un caso elevado a las Cortes nacionales
La conversación mantenida en las dependencias del Cuartel de la Guardia Civil de Alcañices tiene otro aliciente: la presunta muestra de un carné del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) que una de las partes afirma que mostró el compañero, y que resalta como un elemento esencial para largar detalles del puesto. «Parece que habló conmigo por ser del CNI, que supongo que será el centro nacional de idiotas, dado lo sucedido», afirma.
También reprocha el demandado que la otra parte apoye su versión en un grupo de agentes de la Benemérita que, según explica, el día de la conversación no estuvieron presentes. Incluso habla de presumibles presiones superiores «para que afirmen lo que no vieron, ni escucharon, y sobre lo que no hay documentos escritos».
Ante los visos que adopta el asunto, sobre el que la Guardia Civil prefirió ayer mantener el silencio «porque el caso todavía no está cerrado», el implicado trasladó lo sucedido al diputado del PP Juan Carlos Grau «para que intente solucionar este embrollo en las Cortes». En un escrito le pide que, «en el ámbito de las preguntas presentadas al Gobierno de la Nación sobre los 2.904 acuartelamientos de la Guardia Civil, verifique si este comportamiento es habitual».
Petición de una copia
El demandado, afiliado al PP, y residente en Bilbao quiso interrogar al Ejecutivo a través del diputado de su partido para que preguntara al ministro Rubalcaba «si a los ciudadanos de bien, sin ningún antecedente criminal, ni multa de tráfico, se le puede obligar a enseñar todos los carnés, incluido el del PP, y preguntar sobre mi religión y por conversar de temas que salen y son archiconocidos por todos los abertzales y cachorros de la banda ETA».
En su declaración ante los agentes de la Policía Judicial , el afectado dijo «desconocer el por qué de esta actuación, así como su origen», aunque presume que obedece a la conversación mantenida con un responsable del acuartelamiento de Alcañices. También ha solicitado al Juzgado de Zamora, «dado que se realizan algunas investigaciones sobre mi persona y se piden antecedentes profesionales, una copia de todas las actuaciones, así como conocer en profundidad la posible confusión sobre la que se ha elaborado este profundo trabajo de investigación policial». El asunto tomó vuelo, según uno de los intervinientes, «por temor a que pueda ocurrir algo».
