La Junta de Castilla y León recibirá este año 124,6 millones de euros para políticas activas de empleo, un 11,25 por ciento más que en 2017, según aprobó ayer el Consejo de Ministros, que dio luz verde al acuerdo de distribución de los créditos procedentes de los PGE fijados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 17 de abril.
El importe total a repartir asciende a 2.055,1 millones de euros. De ellos, un total de 2.054,8 millones proceden del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los restantes 314.673,10 euros se asignan como ayudas previas a la jubilación desde el MEYSS.
La cantidad total supone un aumento del 8,5 por ciento respecto a la distribución de abril de 2017. Una diferencia destinada a financiar el coste salarial de personas con discapacidad, contratadas en Centros Especiales de Empleo, derivado del fuerte incremento de SMI en 2017 y 2018.
Desde el año 2013, tras la reforma del marco de coordinación de las políticas activas, la distribución de fondos a las comunidades para la gestión de las políticas activas de empleo ha pasado de realizarse en función de las condiciones sociolaborales de cada comunidad a vincularse plenamente al cumplimiento de los objetivos fijados anualmente en el marco de los Planes Anuales de Políticas de Empleo (PAPE).
En este sentido, desde el Ministerio de Empleo se explica que los datos en los que se ha basado la evaluación del PAPE de 2017 muestran una mejoría del desempeño del conjunto de los Servicios Públicos de Empleo en la consecución de los Objetivos Estructurales, acumulando un incremento superior al 18 por ciento desde el año 2014.
Por comunidades, Andalucía se sitúa a la cabeza con 346,2 millones, por delante de Cataluña (341,8 millones) y Madrid (270,4 millones).
Así, de esta forma, se da cumplimiento a lo acordado en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 y a lo recogido en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, que fija con todo detalle el ciclo de preparación, ejecución y evaluación de los PAPE para que se aprueben antes de que comience el ejercicio en que han de realizarse y permita adelantar la aprobación de criterios de distribución de fondos y su reparto.
