03 de agosto de 2017
03.08.2017
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El comité de empresa de Garoña niega que exista un plan social que acompañe al cierre

Ciudadanos cree que el impuesto a los residuos de la central nuclear es "dar palos de ciego" y pide medidas de reindustrialización con garantías

04.08.2017 | 00:43
El procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado comparece ante los medios de comunicación.

El comité de empresa de la central nuclear de Santa María de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos) negó ayer que exista un plan social para el mantenimiento del empleo con prejubilaciones o recolocaciones, tal y como expuso el martes el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, durante su comparecencia para anunciar la decisión del Gobierno del cierre definitivo de la planta.

En este sentido, el presidente del comité de empresa, Alberto César González, subrayó que en la reunión mantenida ayer por los miembros de los representantes de los trabajadores de la central se ha abordado la "preocupación" que supone que "el ministro manifieste que hay un plan social acordado con los trabajadores respecto al mantenimiento del empleo con prejubilaciones o recolocaciones porque no es cierto". Según sostuvo González, "hay acordada una declaración de intenciones con mecanismos para negociarlo", pero matizó que "el que se logre un acuerdo razonable dependerá de Nuclenor, con el apoyo e instrucciones de Iberdrola y de Endesa".

En el plano político, el procurador de Ciudadanos en las Cortes José Ignacio Delgado consideró que el impuesto que pretende poner en marcha la Junta al almacenaje de los residuos de la central nuclear Santa María de Garoña es "dar palos de ciego", no tiene sentido y es "una pataleta" del Gobierno regional que "no pinta nada en Madrid". Delgado incidió en la necesidad de que se pongan en marcha medidas con garantías para la reindustrialización para que "no se malgaste el dinero". Desde Ciudadanos se apuesta, por un pacto de estado por la energía y el mix energético.

Desde Zamora, el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha achacaba el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, en Burgos, a la situación política y ha asegurado que el Gobierno de España habría preferido tomar una decisión distinta a la del cierre. Por último, la Empresa Estatal de Residuos (ENRESA) ha entrado "en proceso de preparación" de la documentación para solicitar la autorización de desmantelamiento, proceso que será complejo y de varios años, según la exconsejera del Consejo de Seguridad Nuclear, Cristina Narbona.

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