El juez Eloy Velasco ha emitido un auto en el que acuerda continuar la tramitación del procedimiento de la pieza número 2 "León" contra el ex presidente de la Diputación de León, Martín Marcos Martínez Barazón, el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez García, el ex interventor de la Diputación, Manuel Jesús López Sánchez, contra Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa y contra las empresas de reputación en Internet Eico On Line SL y Madiva Editorial y Publicidad SL.
El magistrado se basa en todas las diligencias practicadas hasta el momento, interrogatorios de los investigados y de los testigos así como de las interceptaciones telecomunicativas para concluir que existen indicios racionales de que las personas investigadas en esta causa pudieron cometer delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada.
La resolución judicial sitúa los hechos en la Diputación de León, en 2014, y señala expresamente a las empresas de Alejandro de Pedro, Eico y Madiva, que llevaban años realizando trabajos de reputación en Internet para autoridades y cargos electos.
El magistrado describe la relación entre los cargos públicos y los empresarios investigados, de la que -señala- todos sacaban beneficios personales. En el caso del expresidente de la Diputación de León, el magistrado indica que se puso en manos de Alejandro de Pedro para conseguir su objetivo de consolidarse en el cargo.
Las empresas de Alejandro de Pedro y sus diarios digitales, sin actividad periodística real, creaban noticias favorables al político para posicionarle en la Red, mejorando su reputación "on line". Además, Alejandro de Pedro se prestaba "a trasladar a personas notorias e influyentes del Partido Popular" informaciones favorables con el fin de conseguir que Marcos Martínez continuara como presidente del Partido Popular en la provincia de León.
A cambio, señala el juez, los empresarios que le prestaban esos servicios recibían la adjudicación directa de este tipo de trabajos. Esta forma de proceder, señala Velasco en su auto, se prestaba solamente para los fines personales de Marcos Martínez, "alejados del bien común, con el correlativo perjuicio para las arcas públicas", con trabajos que se encargaban que no tenían relación con los fines para los que estaban previstos los medios de la Diputación.
