La Junta de Castilla y León, CCOO, UGT y Cecale estudian crear una subvención para financiar el copago farmacéutico, la aportación que pagan los usuarios por los medicamentos, que beneficiará a las rentas más bajas y los colectivos que se encuentren en el umbral de la pobreza. Se trata de una iniciativa que se analizará y concretará en los próximos meses en el marco del Consejo del Diálogo Social.

En ese sentido, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García; el secretario autonómico de CCOO, Ángel Hernández; el vicesecretario autonómico de UGT, Evelio Angulo, y el secretario general de Cecale, David Esteban, mantuvieron ayer una reunión en la que acordaron abrir dos mesas de negociación para abordar el anteproyecto de ley sobre la Red de Protección a las personas y las familias y la mejora del sistema de la Dependencia.

Asimismo, Alicia García recalcó que en este momento es necesario examinar las necesidades existentes entre las personas "más vulnerables" antes de realizar una "cuantificación económica", aunque reconoció que la Junta y los agentes económicos y sociales disponen de "más tiempo" para concretar esta medida puesto que todavía no se ha presentado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017.

Al respecto, el dirigente de UGT destacó la "sensibilidad" demostrada por el Gobierno autonómico y Ángel Hernández insistió en que debe estudiarse antes de determinar los recursos necesarios.

Esta nueva medida se analizará en las dos mesas de trabajo en materia de atención a la dependencia y de protección a las personas, que espera tener un primer anteproyecto sobre esta red antes de final de año, lo que depende de la evolución de las negociaciones del Diálogo Social.

En materia de pobreza, Alicia García aseguró que es el momento de mejorar y consolidar la Red de Protección, que nació en el periodo de crisis, a través de un proyecto de ley para que todas sus medidas permanezcan de forma "indefinida", con independencia de la situación económica, y tengan un carácter "permanente y estable".

Por otro lado, las ayudas económicas para atender necesidades de urgencia social, previstas en la Red de Protección a las personas y las Familias de Castilla y León, atendieron a 17.835 personas durante el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 30,1 por ciento respecto del mismo periodo del 2015. Por el contrario, disminuyó la demanda del servicio de entrega de alimentos y de apoyo frente a los desahucios, mientras se incorporaron más de 5.000 nuevos beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Las ayudas económicas para necesidades urgentes muestran que disminuyeron respecto del primer semestre de 2015 las prestaciones concedidas para alimentos (4,23 por ciento) y para ayudas al pago de la cuota hipotecaria (6,42 por ciento). Por el contrario, aumentaron las destinadas al pago del alquiler (13,59 por ciento) y para necesidades básicas, entre las que se encuentran las ayudas para paliar la pobreza energética (40,17 por ciento).