La Junta de Castilla y León activó ayer la respuesta legal a las exigencias del Gobierno para aprobar nuevos ajustes mediante una carta oficial al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que expone los argumentos legales que llevan al Ejecutivo autonómico a rechazar la aprobación de la no disponibilidad de crédito, dados "los graves perjuicios que se provocarían de modo directo e inmediato en la prestación de los servicios públicos esenciales de Castilla y León". En la misiva, firmada por la consejera de Economía, Pilar del Olmo, solicita al Ministerio la suspensión de la eficacia inmediata de las medidas exigidas a la Junta y con ello, según la legislación contencioso-administrativa, abre un plazo de un mes para tener respuesta por parte del Ministerio a esta petición. En caso de que no la haya o sea negativa hacia la reclamación de Castilla y León quedaría abierta la vía de abordar esta cuestión en la jurisdicción contencioso-administrativa.

La carta, a la que ha tenido acceso la agencia Ical, expone los argumentos jurídicos para rechazar las pretensiones de Montoro. Según explica, no procede aplicar en Castilla y León las medidas derivadas de la ley de estabilidad presupuestaria porque la comunidad no tiene en vigor ningún plan de ajuste vigente y, por lo tanto, según la citada ley, no se pueden aplicar ninguna de estas iniciativas coercitivas. Es decir, "no es exigible la aprobación de la no disponibilidad de créditos, ni efectuar la correspondiente retención de créditos", según consta en la carta.

De este modo, si el pasado 6 de abril Cristóbal Montoro abría un plazo legal de 15 días para que la Junta tomara una decisión, mediante esta misiva, el Gobierno autonómico abre otro periodo de un mes para que se reconsideren de forma oficial estas medidas utilizando la misma ley que el ministro emplea para sus exigencias a la comunidad. Esta es la primera decisión con valor legal que adopta la Junta en este sentido, en la línea de lo avanzado por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, la semana pasada cuando dijo que se dará una respuesta legal a las peticiones de Montoro.

La primera parte de la carta abunda en los argumentos jurídicos señalados: se le recuerda a Montoro que la comunidad no tiene ningún plan de ajuste y que el único documento de este tipo fue consecuencia del mecanismo de adhesión para el pago de proveedores que se cerró en 2014.