La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado al alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, a tres años de prisión y 16 de inhabilitación para empleo o cargo público, así como a una multa de 132.000 euros, al ser declarado culpable de un delito de cohecho y otro de prevaricación.
En la sentencia del llamado «caso Arroyo» se absuelve al que fuera delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Jesús García Galván, acusado de los delitos de prevaricación urbanística y cohecho, y se condena al presidente del grupo «Mahía», Ramón López Casal, a otros tres años de privación de libertad y siete de inhabilitación como inductor de un delito de prevaricación y autor de un delito de cohecho, así como al arquitecto municipal, Benaventura Conde Salazar, condenado por cooperador necesario en el delito de prevaricación, por lo que se le ha impuesto siete años de inhabilitación. En el caso de José Manuel Méndez, la Audiencia considera que algunas de las resoluciones dictadas se hicieron, «a sabiendas de su arbitrariedad e injusticia», para favorecer los intereses de Mahía en contra de la legalidad urbanística, empresa de la cual había recibido gratuitamente en julio de 2004 una vivienda en Villagarcía de Arosa (Pontevedra). Además, en el fallo se decreta el decomiso de esta vivienda.
En la sentencia se indica que se condena al regidor por el acuerdo municipal de 15-3-2005 en el que se aprobó un estudio de detalle presentado por Mahía para aumentar la edificabilidad por encima de los límites permitidos por las normas urbanísticas, y por la resolución dictada días después desestimando un recurso de reposición frente a dicho acuerdo.
En el caso de García Galván, los magistrados de la sección segunda de la Audiencia argumentan que no existe prevaricación, pero reconocen que en abril de 2004 recibió de Mahía una vivienda en Mugardos (La Coruña), entrega que se realizó bajo la apariencia de un contrato de compraventa, aunque en realidad fue una dávida. De todas formas, el tribunal le absuelve al tratarse de un delito de cohecho que ha prescrito.
