El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de su abogado general Nils Whal, sembraba ayer dudas sobre la legalidad del «céntimo sanitario», un impuesto que grava las ventas minoristas de los hidrocarburos y que en España aplican trece autonomías, entre ellas Castilla y León, para ayudar a la financiación de la sanidad pública. El propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anunciaba el pasado día 14 que el «céntimo sanitario», tanto en este ejercicio como en 2014 se cumplirán las estimaciones de recaudación, hasta los 110 millones de euros.

El informe, de carácter no vinculante, de Nils Whal, el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, concluye que el denominado céntimo sanitario que se aplica en España «es contrario a la directiva sobre los impuestos especiales» por los siguientes motivos:

-No cumple el requisito de que debe tener una finalidad específica no presupuestaria.

-No ha quedado demostrado que la estructura del tributo desincentive el consumo de hidrocarburos o, por el contrario, estimule el uso de otro producto menos perjudicial para el medio ambiente.

-No respeta el sistema general de los impuestos especiales o del IVA para la determinación del devengo, que en este caso repercute en el consumidor final y no en cada fase del proceso de producción.

España ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que limite los efectos de esta sentencia, en el caso de que el fallo definitivo considerase ilegal este gravamen. España podría tener que devolver 13.000 millones de euros, aunque el dictamen admite que se podrían limitar los efectos en el tiempo de la sentencia final.

Tras conocerse el dictamen, la postura de la Junta de Castilla y León no se hizo esperar. El portavoz José Antonio de Santiago-Juárez recordó que el llamado «céntimo sanitario» no existe y que el Gobierno central reguló ya hace un año éste como un impuesto sobre hidrocarburos, que existe en toda la Unión Europea, y que permite a las comunidades autónomas un tramo de gestión propia, como ha hecho esta Comunidad Autónoma.

Ante ese informe no vinculante, el consejero portavoz explicó que el Gobierno central ya preveía que podía ocurrir algo así y por ello hace más de un año cambio la legislación para que sea una tarifa en el impuesto de hidrocarburos, de la manera que es un tributo estatal pero que deja un tramo a la gestión autonómica, algo a lo que se han acogido 13 autonomías.

Respecto a que tenga un efecto retroactivos y se tenga que devolver una parte que pudiera no ser legal, manifestó que el abogado redactor del dictamen no se inclina por esa posición, pero en tal caso serían unos 13.000 millones que corresponderían al Reino de España. «En el peor de los casos, serían ocho meses» a devolver en el caso de Castilla y León, que implantó este gravamen en los hidrocarburos (4,8 céntimos de euro) el 1 de marzo de 2012.

Fuentes del Ministerio de Hacienda, en relación con las reclamaciones que han podido presentar los contribuyentes del impuesto con arreglo a la normativa anterior a la ley de 2012, apuntan que «se debe insistir en la necesidad de esperar a la sentencia del Tribunal para conocer su sentido y los efectos de la misma».