El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pidió ayer un serio esfuerzo al Gobierno y a las comunidades autónomas en contención del gasto en el ámbito de los trabajadores públicos, aunque recomendó que éstas medidas se adopten con «cuidado» para no perjudicar a la prestación de servicios, porque entre el 70 y 75 por ciento de los funcionarios de la Comunidad pertenecen a sanidad, educación y servicios sociales.

Herrera se refirió así al acuerdo alcanzado el lunes en Madrid en el Consejo de Política Fiscal y Financiera entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas -en el que las regiones gobernadas por el PP se abstuvieron-, y lo definió como una «voluntad comúnmente aceptada de que las cosas no podían continuar en el grado de despropósito e improvisación y recurso fácil al gasto público al que ha sometido el Gobierno en los dos últimos años». En la Feria Alimentaria que se celebra en Barcelona, adelantó que la Junta «estará ahí» a la hora de contener el gasto en la mayor parte de las políticas sociales, como ya hizo la semana pasada con la base del acuerdo para racionalizar el gasto sanitario».

Por otro lado, Herrera, destacó que la «responsabilidad» de Caja España y Caja Duero ante el acuerdo alcanzado el lunes en cuanto al organigrama de la nueva entidad financiera «es un paso más» para culminar la fusión en los próximos meses, en el horizonte del verano.

En su visita la XVIII edición de Alimentaria Barcelona, el jefe del Ejecutivo comentó que «se van dando los pasos técnicos orientados y decididos» por los órganos de gobierno en la dirección «adecuada», desde el mismo momento en que las dos cajas se plantearon un proyecto de fusión que verá la luz, subrayó, con los acuerdos sociales que garanticen la estabilidad en el empleo. «Se revalidarán en virtud de lo que tienen que ser los órganos soberanos, que son las asambleas generales de las dos cajas en los próximos meses», reiteró. Asimismo, consideró que el propio hecho de que las entidades tomen ya acuerdos «definitivos» y nombren personas de responsabilidad en el nuevo organigrama y estructura, así como acudir al FROB para impulsar el proceso de «racionalización y reordenación» del sistema, «parece un buen ejemplo».

Por último, el presidente de la Junta de Castilla y León reclamó ayer un «debate serio» sobre la sostenibilidad del sistema sanitario español, y se mostró incluso dispuesto a hablar de «elementos de progresividad» para establecer un posible copago de la sanidad. Si bien, quiso dejar claro la necesidad de mantener el carácter universal de la prestación.

Herrera reconoció que el déficit de las cuentas públicas y la recesión económica «ponen en peligro» la sostenibilidad del sistema de pensiones y del sistema público de salud, aunque reconoció que éste último ha pasado más desapercibido. Por ello aseguró que el acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para la reducción del gasto farmacéutico -un ahorro que en Castilla y León cifró en 100 millones de euros- es una medida «necesaria y en la buena dirección», porque no se trata de seguir recibiendo más dinero, sino de introducir elementos de racionalidad en el gasto.