13 de abril de 2018
13.04.2018

La Junta tendrá que resolver quién sufraga el coste del derribo del restaurante de la A-52

La Justicia ordenó hace años la clausura y demolición del edificio por ilegal y la propiedad decide ahora desmantelarlo

14.04.2018 | 00:28
El restaurante sobre el que pesa una orden de derribo.

La Junta de Castilla y León tendrá que resolver quién tiene que correr con el coste económico del derribo del edificio del restaurante del área de servicio de la A-52 en Quintanilla de Urz que fuera así ordenado, hace tres años, por el Tribunal de lo Contencioso.

La propiedad del inmueble viene ahora desmantelando el interior del edificio mientras se resuelve ante los tribunales quien corre con los gastos de la demolición, si el Ayuntamiento o la Junta. El alcalde de Quintanilla de Urz, Andrés Fernández, advertía ayer a este diario que el caso "está en los tribunales porque nosotros nos hemos atenido a las autorizaciones que otorgó en su día la Junta y un ayuntamiento pequeño como el de Quintanilla no puede afrontar un gasto tan elevado como el que supondría derribar el edificio". El regidor municipal apunta a que la demolición supondría más de 100.000 euros.

El Contencioso decretó tanto el cierre de la actividad hostelera como el derribo del edificio al anularse las licencias concedidas por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. Este Tribunal anulaba una licencia anterior, en el año 2015, con el restaurante ya en funcionamiento, relativa a la licencia de obras, de prevención ambiental y de apertura concedidas por el Ayuntamiento y por la Junta. El caso es que probablemente a finales de este año se dilucidará judicialmente quien corre con los costos del derribo porque la sentencia del Tribunal de lo Contencioso ordenó la demolición aduciendo la ilegalidad de las obras de construcción.

Por su parte, la propiedad ha reclamado el lucro cesante argumentando que se ha permitido construir el restaurante y ejercer la actividad hostelera con los permisos necesarios. Una cantidad que se cifró en 1,5 millones de euros.

El caso es que el propietario, mediante testamento, heredó el negocio a la muerte de su hermano y se encontró con la problemática situación llegando a reclamar ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y ante el Ayuntamiento de Quintanilla de Urz, alegando la existencia de todas las licencias necesarias para construir y poner en marcha el negocio hostelero. Este propietario reclamaba daños y perjuicios por el cierre del establecimiento el 22 de junio de 2016 para cumplir la sentencia del Juzgado Contencioso del año 2013 que entonces estimaba ilegal la autorización, un fallo que la Junta recurrió y que perdió el 5 de marzo de 2014.

La promoción hostelera de construcción del inmueble, aparcamiento e instalaciones accesorias contó entonces con subvenciones públicas, tanto de Macovall como de Medio Ambiente y de los Fondos Europeos Feder y ahora el edificio tendrá que ser derribado. Mientras tanto, los tribunales deciden quien tendrá que hacer frente a la operación de derribo. No obstante, la operación de desmantelamiento ya se ha iniciado afectando a la retirada de carpintería exterior e interior, así como de elementos constructivos y materiales de obra como parte de los paramentos de pizarra del zócalo de las fachadas.

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