La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, apenas unas semanas después de consumar el compromiso adquirido con el Ayuntamiento benaventano de aportar 600.000 euros para los Cuestos de la Mota en dos anualidades (300.000 ya se han hecho efectivos), asestó ayer un mazazo a la Administración local reclamando el reintegro del anticipo de 573.000 euros librado en 2007 para la construcción de 50 viviendas en terrenos de la desaparecida plaza de toros más 143.348 euros de intereses de demora.
Según ha podido saber este periódico, la Consejería de Fomento resolvió hace diez días negativamente un recurso de reposición presentado en noviembre de 2013 por el entonces alcalde, Saturnino Mañanes, en contra del procedimiento de reintegro iniciado por la Consejería de Fomento por un presunto incumplimiento del convenio. Tras la reclamación de reintegro del Ministerio de Industria por las obras del Benavente III, este nueva reclamación, supone otra seria vuelta de tuerca a la economía municipal.
Dos años después de presentado el recurso y con un nuevo gobierno municipal en Benavente, de nada han parecido valer las alegaciones presentadas entonces por Saturnino Mañanes y resueltas ahora, pese al detalle pormenorizado de las dificultades de las dos constructoras que participaron en el proceso debido a la crisis económica y de las notables exigencias de las entidades bancarias para financiar un proyecto que, pese a tener una subvención garantizada de 1,2 millones, ha terminado resultando fallido.
El 21 de diciembre de 2007 se firmó el convenio entre el Ayuntamiento de Benavente y la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León para la promoción de un grupo de 50 viviendas de protección publica junto a otro bloque ya construido en los terrenos de la desaparecida plaza de toros.
El 15 de marzo de 2009 se firmó la modificación del convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería en el que se exigía el pago de la última certificación de obra antes de 1 de diciembre de 2010.
Después de quebrar la primera empresa adjudicataria, el 30 de julio de 2009, se aprobó la adjudicación definitiva del contrato para la selección de un promotor para la promoción pública de forma indirecta de un grupo de viviendas de protección oficial" a la constructora Cruzul.
El 30 de marzo de 2010 se acordó modificar el convenio y ampliar las anualidades previstas hasta el año 2012, ampliación que fue aprobada por el Pleno y que a finales de 2012 el Ayuntamiento pretendía volver a ampliar. No sirvió de nada. Aunque el Ayuntamiento de Benavente nunca cejó en el empeño de sacar adelante este proyecto, la crisis y las exigencias financieras de los bancos para asumir las hipotecas terminaron por bloquear la actuación.
De hecho, en septiembre de 2011 el Consistorio pidió a Fomento que le permitiera asumir la convocatoria de las obras y el proceso de selección de los adjudicatarios de las viviendas y la constructora comenzó a trabajar en la elaboración del proyecto, en la obtención de la calificación provisional de las viviendas y en la financiación de la operación con entidades financieras. Las exigencias terminaron por tumbar el intento. Para financiar las hipotecas de los adquirentes que proponía la empresa, los bancos requerían un perfil de cliente con ingresos muy superiores a la población a las que estaban destinadas las viviendas. Los bancos solo concedían hipotecas a profesionales cualificados o a funcionarios, no a personas con rentas inferiores.
"La causa última de la cancelación de la subvención fue el contexto de la crisis económica y el endurecimiento de las condiciones de financiación que impidió al promotor ejecutar la obra, causa que no puede atribuirse a hechos imputables al beneficiario", alegó el entonces alcalde en 2013. No solamente no han servido de nada todos estos argumentos ni la petición de que al menos se descontaran los intereses de demora devengados. Fomento ha tardado dos años en dar respuesta a este recurso.
