El equipo de gobierno municipal de Pobladura del Valle ha decidido coger el toro por los cuernos con el objetivo de reducir las abultadas facturas que llegan al Consistorio y que vienen mermando las arcas de tesorería. A la reducción del presupuesto en las pasadas fiestas se vienen a sumar ahora iniciativas como la de retirar los móviles a los concejales dejando únicamente a nombre del Ayuntamiento el del alguacil. Tanto el alcalde como el resto de ediles tendrán que abonar la factura de su propio bolsillo.

Esta medida de ahorro municipal va pareja a la adoptada recientemente con el apagón del 50% de las farolas del alumbrado público. El Ayuntamiento «no podía soportar por más tiempo recibos de la luz por un importe de casi 4.000 euros cada dos meses», explicó ayer el alcalde, el popular Mariano Geras resaltando que el municipio dispone de 24 contadores de la luz entre los que se encuentran los del alumbrado callejero, dependencias y edificios municipales.

El apagón de la mitad de las luminarias del alumbrado público se realiza durante toda la noche, aunque un 15% más de farolas se apagan a la una de la madrugada. Una iniciativa que el alcalde estima tenga el beneplácito vecinal debido a la deficiente situación económica de las arcas de tesorería municipal.

Las medidas de ahorro emprendidas por el equipo de gobierno no se circunscriben únicamente al ahorro energético sino que además en el pasado Pleno se acordó la salida del municipio del servicio de abastecimiento de la comarca. Solamente la factura de septiembre por el suministro desde el Tera le ha supuesto a Pobladura un coste de 3.822 euros, por lo que el Ayuntamiento ha vuelto a retomar el servicio municipal suministrando de agua a los vecinos a través de su propio pozo que tantos quebraderos de cabeza ha causado debido a la contaminación de sus aguas por lo que se puso en marcha una planta potabilizadora poco antes de la entrada en servicio del agua del Tera.

Otra de las medidas de ahorro adoptadas por el Ayuntamiento consiste en prescindir el convenio suscrito con la sociedad Roviña de San Cristóbal de Entreviñas que según el alcalde le venía suponiendo casi 3.000 euros anuales por tener instalado un contenedor de residuos de la construcción. El Ayuntamiento abona un alquiler mínimo y el precio final anual varía en función de la recogida de recipientes. El propio Ayuntamiento ha instalado su propio recipiente para que los vecinos, no los profesionales de la construcción, depositen en él los residuos de obras menores previa solicitud municipal y abono de un precio simbólico. El Ayuntamiento deposita los materiales en un almacén municipal y «cuando se disponga de un volumen suficiente para la carga de un camión se procede a avisar a la planta de residuos de la construcción para su retirada», advierte el alcalde quien aduce que la medida obedece a «una gestión directa y más eficiente ya que son los constructores quienes tienen que gestionar los residuos», explica Geras.