El sindicato agrario COAG tilda de "maquiavélica" la comunicación de la Comisión Europea sobre el futuro de la PAC, la alimentación y la agricultura en Europa a partir de 2020, porque creen que "tras unos objetivos aparentemente loables y sostenibles" como la lucha contra el cambio climático, la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente, el fomento de la economía circular o el desarrollo del medio rural, los planes de la Comisión "enmascaran una mayor desregulación de los mercados y un recorte a las ayudas". El secretario general Miguel Blanco subraya que "la experiencia de anteriores reformas de la PAC confirma que las políticas de escaparate teñidas de verde no garantizan rentas dignas ni precios justos para los agricultores y no refuerzan la posición de los productores en la cadena de valor agroalimentaria", y critica la contradicción de "querer abordar nuevos y grandes retos con menos presupuesto".

Tras el análisis pormenorizado de los diferentes epígrafes de la comunicación de la Comisión Europea, COAG señala los riesgos y oportunidades que se plantean para el modelo social y profesional de agricultura. El más grave de todos es "la falta de presupuesto para abordar los retos planteados", a pesar de ser "mucho más ambiciosos en los objetivos a abordar, especialmente en todo lo relacionado con el medio ambiente y el cambio climático". El propio documento hace referencia a la brecha en la finanza de la UE derivada de la retirada del Reino Unido, que contribuía con aportaciones netas de entre 10.000 y 12.000 millones anuales, y pide explorar la opción de introducir cierto grado de cofinanciación nacional para los pagos directos. COAG rechaza este enfoque y defiende "una PAC fuerte, común y financiada íntegramente con el presupuesto comunitario, como corresponde a la única política común de la UE".

Para esta organización agraria, la mencionada cofinanciación estatal del presupuesto agrario "aumenta el riesgo de recortes presupuestarios y aviva la intención de la UE de cuadrar su nuevo marco presupuestario a costa del agro". Además, brilla por su ausencia en la comunicación referencias a "pagos acoplados", imprescindibles para el mantenimiento de sectores muy vulnerables, enclavados en los territorios rurales más deprimidos. En este sentido, COAG considera que "se deberían reforzar los fondos agrarios actuales para responder a los nuevos retos planteados en la reforma post-2020".

Para mayor agravio, denuncian desde el sindicato agrario, la Comisión pretende aprovechar la nueva PAC para avanzar en una mayor desregulación de los mercados. A pesar de reconocer la volatilidad de los precios que trae consigo la liberalización, la Comisión no establece ninguna medida de rectificación y ahonda en el desmantelamiento total de la preferencia comunitaria.

Por otro lado, la organización critica "la falta de concreción de medidas" para incentivar el relevo generacional en el campo, más allá de "una abstracta ayuda a tanto alzado".

La principal novedad propuesta en la comunicación de la Comisión consiste en un nuevo sistema de ejecución de la PAC, en el que la Unión establece los parámetros básicos de la política agraria, mientras que los estados miembros tendrían la responsabilidad de justificar las medidas a aplicar y conseguir los objetivos, específicamente los relacionados con el medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible. COAG considera que "una mayor adaptación al territorio puede ser positiva, pero nunca se aceptaría a costa de la renacionalización y cofinanciación de la PAC".

Entre los aspectos positivos encontrados por los responsables de COAG, señalan que se priorice la implicación de los agricultores en la investigación y la innovación para responder a las necesidades de las pequeñas y medianas explotaciones, porque "es vital que se democratice la implementación de las nuevas tecnologías para que las pequeñas y medianas explotaciones no se queden al margen de la transformación digital y sus beneficios para reducir costes", consideran.