Juicio Coveza: Absuelto el veterinario que recetó medicinas ilegales para lechones en Zamora

El delito contra la salud pública por aplicar en animales que pasan a la cadena alimentaria medicinas prohibidas, en este caso Cloramivet spray, no está ni en prescribirlos ni en venderlos, sino en administrarlos directamente, en esta caso, en los lechones, según la sentencia que absuelve a un veterinario zamorano que expidió 47 recetas entre los años 2016 y 2019; y al responsable de la empresa Coveza siglo XXI de Zamora que los suministró. La Unión Europea lo había prohibido en diciembre de 2009, se expuso en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal que descarta el delito porque ninguno de los acusados administró el fármaco directamente a los animales. La Junta de Castilla y León ordenó el sacrificio de 65 lechones.

La magistrada reproduce literalmente en su sentencia que "la conducta peligrosa" que penaliza la legislación española y europea se refiere a "administrar a los animales cuyas carnes o productos se destinan al consumo humano sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas" o que se haga "en dosis superiores" a las estipuladas "o para fines distintos de los autorizados".

Un veterinario y un ganadero imputados por dar una medicina prohibida a cerdos

Ni el veterinario recetó el Cloramivet y el empresario lo vendió, quien se lo dio a los lechones fue el ganadero o el trabajador de cada explotación tras obtener legalmente una medicina que estaba autorizada para sanar heridas de perros, caballos cuyas carnes no se comen y gatos, según se especificó en el juicio. La jueza llega a indicar que el delito no incluye "ni elaborar, ni despachar, dispensar, vender, comerciar", acciones no contempladas en el Código Penal, por tanto, "no puede añadirse otra conducta distinta a la de administrar la sustancia prohibida".

Esa precisión en el lenguaje fue la base del argumento de los abogados de la defensa para pedir la absolución del veterinario, de iniciales A.V.B.; y del responsable de Coveza, cuyo nombre responde a las iniciales de C.S.F., de modo que la responsabilidad penal se deriva a la persona que utiliza la sustancia sobre el animal, en los propietarios de las explotaciones ganaderas que comparecieron como testigos en el juicio. "Mi cliente dispensa, la administración del Cloramivet no es suya", advirtió el letrado del empresario, Norberto Martín Avedillo.

31.800 euros en sanciones de la Junta

La investigación judicial partió del expediente sancionador que en enero de 2019 abrió la Junta de Castilla y León al veterinario que terminó en una multa de 1.800 euros "como responsable de la prescripción de un medicamento cuya sustancia activa está prohibida", recoge la sentencia, una multa con la que el veterinario se mostró de acuerdo y que abonó de forma voluntaria para lo que "reconoció los hechos".

El responsable de Coveza siglo XXI también fue sancionado por vía administrativa por el servicio territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta con "una multa de 30.001 euros" en febrero de 2021 por haber cometido "una infracción administrativa de la legislación vigente" por vender el fármaco y hacerlo sin receta como era obligatorio.

El responsable de Covesa y un veterinario, a juicio por recetar un antibiótico ilegal

La Fiscalía de Zamora, que basó su acusación en las pesquisas realizadas por el Seprona de la Guardia Civil, había exigido para el facultativo y el empresario las mismas penas: una condena a 4 años de inhabilitación, un año y seis meses de prisión y una multa de 2.700 euros.

El Ministerio Público incidió en la conducta del veterinario que recetó esa medicina a los dueños de las explotaciones de lechones a pesar de conocer que estaba prohibida en animales para el consumo humano. Respecto del propietario de la empresa farmacéutica subrayó que vendía la medicina sin receta, antes de que estas fueran firmadas por el veterinario, y que también sabía de la peligrosidad de la misma en animales que pasan a la cadena de alimentación humana.